México emite órdenes de aprehensión en caso de tráfico de armas de ‘Rápido y Furioso'
Un juez mexicano ha emitido siete órdenes de arresto relacionadas con una redada de tráfico transfronterizo de armas que data de hace una década, incluso para el narcotraficante más notorio del país y un exministro de seguridad, dijo el domingo la oficina del fiscal general. Joaquín «El Chapo» Guzmá
Un juez mexicano ha emitido siete órdenes de arresto relacionadas con una redada de tráfico transfronterizo de armas que data de hace una década, incluso para el narcotraficante más notorio del país y un exministro de seguridad, dijo el domingo la oficina del fiscal general.
Joaquín «El Chapo» Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa condenado, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y el exfuncionario de inteligencia de la policía federal Luis Cárdenas, fueron nombrados en un comunicado del domingo de la oficina del fiscal general vinculado al llamado «Rápido y Furioso» un escándalo de tráfico de armas entre 2009 y 2011.
Los tres, sin embargo, están actualmente tras las rejas en Estados Unidos o México.
La oficina del fiscal general no respondió a las preguntas escritas en busca de información adicional sobre las nuevas órdenes de arresto, incluso si el gobierno mexicano buscará o no extraditar a Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos.
El comunicado señala que García Luna, el ministro de Seguridad de México de 2006 a 2012, quien fue acusado por las autoridades estadounidenses a fines de 2019 de narcotráfico, ahora enfrenta dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos que han desencadenado una solicitud de extradición para él.
El esquema «Rápido y Furioso», que alguna vez fue secreto, se propuso detener el contrabando de armas entre Estados Unidos y México al permitir que las personas compraran armas ilegalmente en los Estados Unidos y las llevaran a México para que las armas pudieran ser rastreadas y llevar a los agentes del orden al cártel de la droga.
Pero luego se culpó a algunas de las armas de los asesinatos del hampa en México y desencadenaron amargas recriminaciones transfronterizas por la operación.
“Se nos ha informado que las autoridades estadounidenses han sido encargadas de investigar y responsabilizar a los funcionarios públicos de ese país”, agregó el comunicado, pero sin entrar en más detalles.
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