México acusa a la ONU de elaborar un informe «tendencioso» sobre las desapariciones en el país

El gobierno mexicano ha expresado su rotundo rechazo al reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), calificándolo de “tendencioso”. Las autoridades argumentan que el documento se fundamenta en juicios sin base y, de manera preocupante, “omite los esfuerzos institucionales” implementados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar esta compleja problemática. Esta postura abre un debate sobre la objetividad de las evaluaciones internacionales y la efectividad de las políticas gubernamentales.

El Estado mexicano insiste en que el comité de la ONU no consideró los numerosos detalles, análisis exhaustivos y observaciones pertinentes presentados por sus representantes. Esta omisión, según el gobierno, desvirtúa la veracidad del informe y su capacidad para reflejar la realidad actual. Por ello, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) emitieron una queja conjunta y fundamentada, calificando de tendencioso el informe del organismo de las Naciones Unidas. La seriedad de esta queja, proveniente de dos de las carteras más importantes del gobierno, subraya la firme convicción de México de que el informe no refleja sus acciones ni el compromiso de la administración actual.

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Por su parte, el informe del Comité de la ONU señala con preocupación que México es un territorio con recurrentes desapariciones forzadas y que, a su juicio, no implementa acciones correctivas suficientes ni efectivas. El informe concluye que en los últimos meses ha habido un crecimiento significativo en esta materia, lo que agrava la crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país. Esta conclusión contrasta fuertemente con la narrativa del gobierno mexicano, que busca destacar sus avances y el cambio de estrategia frente a administraciones anteriores, argumentando una mejora sustancial en la atención y prevención de estos casos, especialmente bajo la actual gestión.

Las cifras presentadas por el informe son alarmantes y ponen de manifiesto la magnitud del desafío: México ha acumulado 919 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa un impactante 38% del total global de este tipo de solicitudes, según el informe. Además, el informe detalla que solo en los cinco meses recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) se sumaron 40 nuevas solicitudes, es decir, un tercio del total mundial de ese periodo. El informe es enfático al señalar la existencia de fallas estructurales y significativas en las respuestas del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, así como para buscar a las personas desaparecidas. Estos datos refuerzan la preocupación internacional sobre la magnitud del problema en el país y la necesidad de una respuesta más contundente y coordinada.

Los representantes mexicanos justifican su crítica argumentando que el informe se basa principalmente en sucesos ocurridos en periodos anteriores, específicamente entre 2009 y 2017. Sostienen que en la actual administración no se han presentado tantos casos como durante las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que el informe omite deliberadamente las acciones de la administración de Claudia Sheinbaum. «Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución», aseguraron de manera contundente la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, enfatizando la falta de una visión integral y actualizada que reconozca los avances y las nuevas estrategias implementadas.

“Sesgada y parcial” fueron los calificativos técnicos con los que el gobierno mexicano reconoció la decisión del CED. Las autoridades mexicanas insisten en que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión». Esta afirmación, apunta el Ejecutivo, refleja la situación actual del país, que a su juicio es "diferente a la de periodos anteriores", buscando desmarcarse de las prácticas y la crisis de derechos humanos que caracterizaron a gobiernos pasados. El gobierno reitera su compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de justicia, a pesar de las críticas recibidas, y enfatiza su disposición a colaborar con organismos internacionales siempre que sus evaluaciones sean objetivas y completas.