Jornadas de protesta en Los Ángeles han dejado decenas de detenidos tras operativos de inmigración

Decenas de personas han sido detenidas en Los Ángeles luego de varios días de protestas que surgieron tras una serie de redadas de inmigración realizadas por agentes federales.

Las manifestaciones comenzaron el viernes, luego de que se conociera que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, estaban realizando operativos en zonas de la ciudad con alta población latina, como los distritos de Westlake y Paramount.

Según ICE, 44 personas en condición migratoria irregular fueron arrestadas en un sitio de trabajo el viernes, y otras 77 en diferentes zonas del área metropolitana de Los Ángeles. Autoridades negaron versiones sobre una redada en una tienda Home Depot en Paramount.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas durante el fin de semana. Algunos vehículos autónomos fueron incendiados y se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en el centro de la ciudad, donde la policía declaró el área como «asamblea ilegal».

El domingo, por parte de la policía se reportó el uso de artefactos incendiarios por parte de algunos manifestantes y de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras por parte de la policía. El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, informó de 29 arrestos el sábado y 27 más el domingo.

En Paramount, unos 32 km al sur del centro de Los Ángeles, también se registraron manifestaciones. Autoridades utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras efectivos de la Guardia Nacional custodiaban un parque industrial cercano.

El lunes continuaron las movilizaciones, aunque con menor intensidad. La policía utilizó granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes. Posteriormente, se reportó una disminución en los enfrentamientos y la presencia en las calles.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el sábado. El lunes, autorizó el envío de otros 2.000 efectivos adicionales, junto con 700 marines. Esta medida ha generado reacciones por parte de autoridades estatales, debido a que se realizó sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. El presidente invocó una ley federal poco común, argumentando que las protestas constituían una “forma de rebelión” contra la autoridad del gobierno federal.

El gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, rechazaron el despliegue, asegurando que la situación podía ser gestionada por las autoridades locales. El estado de California presentó una demanda contra la administración federal, señalando que la medida violaría la Constitución de los Estados Unidos, que reserva ciertos poderes a los estados.

Los operativos de ICE hacen parte de una iniciativa del actual gobierno federal para aumentar significativamente las deportaciones.

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