El Parlamento de Israel aprobó una ley que estableció la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques letales. La normativa tuvo 62 votos a favor y 48 en contra, con el respaldo del primer ministro, Benjamín Netanyahu.  En detalle, la ley dispuso que las ejecuciones debían realizarse en un plazo de hasta 90 días después de la sentencia, con posibilidad de aplazamiento limitado, sin derecho a indulto y con la opción de que los jueces impusieran cadena perpetua en lugar de la pena capital. 

Además, permitió que la pena de muerte fuera aplicada incluso sin que la Fiscalía la solicitara y sin necesidad de unanimidad entre los magistrados. El texto también determinó que la sanción se aplicaría a quienes asesinaran “con la intención de negar la existencia del Estado de Israel”, una formulación que, según críticos, marcó una diferenciación entre palestinos y nacionalistas judíos. 

La norma se hará extensiva a los territorios bajo control efectivo de Israel, incluidas Cisjordania y parte de la Franja de Gaza. Por otra parte, se aclaró que la legislación no se aplicará de forma retroactiva ni a los milicianos de Hamás implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023, ya que para esos casos se impulsa un proyecto separado para crear un tribunal específico.

Este país avanzó además en la ampliación del uso de la pena de muerte, que había sido abolida para delitos comunes en 1954 y que no se aplicaba desde 1962, hasta entonces, aunque existía en ciertos casos excepcionales, las condenas dictadas por tribunales militares habían sido conmutadas.

La nueva legislación fue promovida principalmente por el partido ultranacionalista Poder Judío y su líder, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien celebró la aprobación al considerar que suponía un cambio en las reglas frente al terrorismo.

La medida dada su gravedad y la vulneración de derechos humanos, generó una ola de críticas dentro y fuera de Israel, incluso, sectores políticos, expertos legales y organizaciones de derechos humanos la calificaron de problemática, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían contradecir normas constitucionales y tratados internacionales.

Entre las reacciones, se incluyó la declaración de la Autoridad Nacional Palestina rechazó la ley y la calificó como una “peligrosa escalada”, al tiempo que pidió a la comunidad internacional romper vínculos con Israel. 

Otro de los actores que se refirieron al hecho fue el grupo armado Hamás, que aseveró que esta norma representaba un precedente que ponía en riesgo a los prisioneros palestinos.

En Europa, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron su preocupación por el carácter “de facto discriminatorio” de la ley y reiteraron su oposición a la pena de muerte en cualquier circunstancia. Incluso, el Consejo de Europa solicitó a las autoridades israelíes que abandonaran la iniciativa.

Desde que inició la invasión de Israel en Palestina, tras el ataque terrorista de Hamás realizado en 2023, miles de palestinos han muerto, de acuerdo a un estudio de The Lancet el número de decesos se calcula en más de 75.000.

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