La transparencia sobre la plataforma de internet Change.org, utilizada principalmente para la recolección de firmas que tienen como finalidad, presionar a organizaciones y gobiernos para la toma de decisiones a través de peticiones que los usuarios hacen; entra nuevamente en el ojo del huracán.

En España corre la versión que la financiación de la plataforma corre por cuenta del magnate de izquierda y propietario de la Open Society Foundation, George Soros, y quien, precisamente sería uno de los principales colaboradores que reseña la propia plataforma Change.org.

En el programa Redacción Abierta del canal de televisión Toro.tv – Intereconomía, Julio Ariza en la que revela que la plataforma «es un acumulador de datos de personas para establecer con un criterio de selección que es el de de Soros, Gates y compañía; tener bases de datos, sabiendo quienes son las personas y que piensan y lo que hacen es utilizar esas bases de datos para ganar mucho dinero».

Ariza, quien es exdiputado de Barcelona, periodista y uno de los políticos destacados en el país ibérico, reveló además que en España, el director de la plataforma Change.org entre el 2011 al 2017 fue Francisco Polo, activista del grupo político radical comunista Podemos, jefe de Amnistía Internacional en Barcelona y hoy en día, Secretario de Estado de Avance Digital del gobierno socialista de España.

El portal solidario, fue fundado el 7 de febrero de 2007 por Ben Rattray en Delawere, Estados Unidos y ha fijado su sede tecnológica en Los Ángeles, California. Dice ser un negocio que se basa en la venta de publicidad en su propia plataforma, peticiones patrocinadas y «micromecenazgo» que hoy tiene 300 empleados.

Reconoce que es una plataforma «de presión social que no sustituye a las iniciativas legislativas populares ya que sus solicitudes vía web no tienen validez legal» y lo explica por cuanto las firmas solo aportan datos básicos mas no utiliza firma digital que la hace legal.

En ese sentido, es una recolectora de datos de ciudadanos de todo el mundo a través de la «acogida libre y pública de peticiones por internet de carácter cívico, reformista, social y en general reivindicativo del cumplimiento de los derechos humanos aunque en él tienen cabida todo tipo de peticiones».

Change.org dice que trabaja junto a más de mil de las mayores ong´s sin ánimo del lucro del mundo, entre ellas, la Open Society Foundation.

En el 2018, el portal tecnológico español Xacarta, realizó un detallado artículo de cómo funciona Change.org, el mismo artículo que reproducimos a continuación como parte de lo que en España comienza a ser nuevamente, una advertencia por la falta de transparencia del portal.

Change.org: así funciona el gran negocio del activismo ‘online’

Vía Xacarta

Change nació en 2007 como una “red social sin ánimo de lucro” centrada en el activismo. Hoy es una empresa con más de 200 millones de usuarios (14 de ellos en España), oficinas en 18 países y más de 150 empleados, según datos extraídos de su web. Por el camino ha recibido críticas por su modelo de negocio y su manera de gestionar la participación ciudadana.

La investigadora de la Universidad de Valladolid Dafne Calvo es una de las pocas en España que ha estudiado el funcionamiento de la empresa desde un punto de vista académico. Hasta 2016, “Change se financiaba mediante el coste por adquisición”. Esto quiere decir que ONG como Aministía Internacional pagaban un porcentaje a la plataforma por cada suscriptor que obtenían a través de las campañas patrocinadas.

En un artículo publicado en Voz Populi en 2015, se desvelaba más sobre cómo Change hacía caja con los datos de sus usuarios. «Cobran por cada correo electrónico y teléfono », aseguraba el texto. En el mismo, un portavoz de la compañía decía que los ingresos eran de «decenas de millones de dólares», aunque la plataforma aseguraba que todos se reinvertían en su «misión».

Este sistema cambió en 2016. «Hasta ahora, cuando firmabas una petición podías ver un anuncio de alguna ONG. A partir de ahora ya no verás este tipo de anuncios. Lo que verás son tres opciones para poder elegir cómo ayudar a que las peticiones lleguen más lejos y puedan conseguir victorias», explicaba la compañía en su blog.

Desde entonces, los usuarios pueden unirse a un programa de socios mediante el pago de entre 5 y 20 euros al mes. Se convierten así en changers con «acceso a ventajas exclusivas». La plataforma advierte que, al no ser una ONG, la cuota no es fiscalmente deducible.

La segunda vía de ingresos consiste en peticiones patrocinadas por los propios usuarios. Tras firmar una campaña es posible aportar dos o más euros para contribuir a su difusión y que más gente la apoye. A Calvo le preocupa «el poder que adquieren quienes más pagan por ello», al dejar a los internautas con menos recursos «en desventaja», algo «cuestionable cuando hablamos de participación política».

El director de Change en España, José Antonio Ritoré, discrepa con Calvo. «El nivel socioeconómico es irrelevante, lo que importa es la historia que hay detrás y el cambio que quiere conseguir», explica por mail. Cuando esto se cumple, llega «el apoyo masivo y la repercusión en los medios».

La última opción, todavía no disponible en nuestro país, es el crowdfunding con fines sociales. En España ya existen ejemplos como Goteo. Ritoré lo considera una herramienta «muy útil», que ayudaría a sostener los costes asociados a la tecnología y la plataforma con «un 5% de lo recaudado».

Participación «de muy bajo nivel»

En España existen dos formas de participación: el derecho de petición y la iniciativa legislativa popular (ILP). Es este último sistema el más “efectivo” según Calvo, ya que exige que la firma esté acreditada —mediante DNIe, por ejemplo— y puede llegar a debatirse en el Congreso si alcanza las 500.000 firmas, como sucedió en 2013 con la dación en pago de las hipotecas, que recogió casi 1,5 millones de firmas.

Calvo considera que el impacto de las campañas de Change es muy limitado. “No se intenta canalizar por ninguna ”, comenta. «No es posible» que una de sus peticiones llegue por sí misma al Congreso, aunque en su condición de “termómetro social” de lo que piensa la ciudadanía pueda llegar a ser mencionada. De hecho, en alguna ocasión se han entregado firmas recogidas de este modo.

Por eso, la investigadora asegura que la forma de participación que propone Change es “de muy bajo nivel”, pues lo que busca es “una viralización de sus peticiones”. Cuantas más personas compartan sus datos, mayor será el beneficio de la plataforma.

Ritoré, defiende el papel de Change como «plataforma de presión ciudadana» y asegura que es «mucho más efectiva» que una ILP, ya que algunas peticiones «solo requieren unos cientos de firmas para ganarse». Pone como ejemplo la reciente campaña destinada a cambiar la palabra «disminuido» de la Constitución, que ha ayudado a que el Gobierno se muestre abierto a la modificación con apenas 4.000 firmas.

Un factor entre muchos

“¡No me echen de España! Es urgente”. Así iniciaba su petición el maliense Moumine Kone, aficando en Cáceres desde hace una década, que recogió más 175.000 firmas de apoyo para evitar su expulsión de España.

La expulsión nunca tuvo lugar y Change muestra el caso como un ejemplo de “victoria” en su página principal. Sin embargo, la recogida de firmas no fue determinante: “En la resolución positiva ha tenido mucho que ver la inscripción en septiembre junto con su novia como pareja de hecho”, explicaba El Diario.

Ritoré considera que Change es «el origen del movimiento» para casos como el de Mou. «Su expulsión se evitó porque se inscribió como pareja de hecho, esa fue la solución más viable que le pusieron sobre la mesa cuando su petición empezó a tener repercusión. La petición desencadenó todo«, explica.

“Estas plataformas tienen un alcance limitado a la hora de lograr objetivos políticos y no hay que ser tecnodeterministas y pensar que la tecnología va a provocar el cambio social”, advierte Calvo. En su opinión, que muchas personas firmen una petición supone “el 1%”, al que hay que añadir otros factores a tener en cuenta para “no idealizar la herramienta”.

“Si algo se debate en el Congreso será por unas circunstancias mayores que Change, no hay una causalidad. Una petición por el 8 de marzo no llena las plazas, las llenan unas circunstancias políticas y un contexto social”, añade.

A la caza de beneficios

“Por muy adalides de la participación que parezcan, al final es una empresa privada de EEUU que va a depender de los beneficios que obtenga”, dice Calvo, que considera este el principal problema de la plataforma. “¿Qué tipo de entidad queremos que canalice la participación ciudadana en España?”, se pregunta.

No es la única. Desde sus inicios, Change recibió críticas en este sentido empezando por el .org de su dominio. La empresa tiene el certificado B-corporation, otorgado por otra organización privada a aquellas compañías que llevan a cabo una labor social. Como explica La Marea, este se obtiene pagando y no tiene «base legal alguna».

Países como Alemania y Escocia cuentan con plataformas de peticiones electrónicas estatales. Calvo cree que es un modelo a imitar: “Estaría bien que el Estado se responsabilizara de que la ciudadanía tuviera capacidad de participar”. Como contrapartida, cuando la administración pública se convierte en gestora de la participación, puede hacer desaparecer otras plataformas, tal y como sucedió con «tuderechoasaber» y la ley de transparencia.

En cualquier caso, Change no tiene demasiada competencia en España desde que en 2011 comprara Actuable, la principal plataforma en el mundo hispano. Esta fue fundada por Francisco Polo, hoy exdirector de Change y actual secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Calvo asegura que las alternativas a Change tienen un poder de convocatoria “mínimo” en comparación. Algunas, como Oiga.me, han desaparecido.

Activismo de sofá

En 2015, Calvo analizó 224 peticiones de Change y vio que 93 (41,5%) incumplían los criterios que deberían seguir este tipo de solicitudes, como no ser similares a otras, ofensivas, mostrar interés personal o sin jurisdicción pública. En el caso de España, no se aceptan peticiones sobre procesos judiciales en activo (sub judice).

Calvo explica que la falta de filtros, debida al interés de Change por tener un mayor número de usuarios, hace que puedan llegar a discutirse todo tipo de asuntos. Pena de muerte, derecho al aborto, racismo… La investigadora considera que algunas cuestiones no se deberían debatir, o hacerlo de una forma “más responsable” que mediante una plataforma “sin muchos requerimientos legales”.

En este sentido, Ritoré explica que la plataforma es un «espejo» de la sociedad española y que un equipo se encarga de vigilar que se cumplen las normas y no se sobrepasan líneas rojas.

La autenticidad de las firmas también ha sido objeto de críticas. Mientras que Change asegura que cuenta con formas de gestionar los bots, Calvo no considera demasiado relevante que se firme varias veces: «En una petición de cientos de miles de firmas no es lo más preocupante».

El éxito de Change reside en el llamado activismo de sofá y el postureo en redes sociales. “Son formas de satisfacción muy pequeñas unidas a un esfuerzo político también muy pequeño”, dice Calvo. Manifestarse en Facebook en favor de los derechos humanos es fácil, pero una manifestación presencial es una acción política que requiere más esfuerzo. También provoca más respuestas.

A pesar de todo esto, las campañas de Change alcanzan gran relevancia en los medios. “Es el famoso estallan las redes. En muchos casos no buscamos qué está siendo relevante para generar contenidos sino qué se está viralizando”. Sirva de algo o no, cualquier petición puede conseguir titulares.