La decisión fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que actualizó el registro en su sitio web. Con esta medida, quedan desbloqueados los activos que Rodríguez pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y se habilitan las transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

La funcionaria había sido incluida en la lista en septiembre de 2018 por señalamientos relacionados con corrupción y violaciones a derechos humanos, lo que durante años limitó cualquier operación financiera o comercial vinculada a su nombre.

La decisión se produce en medio de un proceso de ajustes en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero, en medio de una intervención militar. A partir de ese momento, Rodríguez asumió la conducción del gobierno venezolano y fue reconocida por la administración de Donald Trump como interlocutora oficial.

Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha emitido una serie de licencias que autorizan operaciones en sectores específicos de la economía venezolana. Entre enero y marzo de 2026 se otorgaron al menos doce permisos que permitieron la reactivación progresiva de actividades bajo supervisión estadounidense, sin eliminar el esquema general de sanciones.

Dentro de esas autorizaciones se incluyó el levantamiento de restricciones al sector energético y petroquímico, lo que habilitó operaciones con PDVSA bajo condiciones definidas por Washington. Posteriormente, se aprobaron transacciones vinculadas al sector minero, incluido el oro. En paralelo, se reanudaron las actividades diplomáticas con la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, suspendidas desde 2019.

Durante este periodo, el gobierno de Rodríguez adoptó decisiones en el ámbito interno, como la reorganización de mandos militares, la apertura de la industria petrolera a inversión extranjera y la expedición de una ley de amnistía para personas detenidas por razones políticas. También se registraron cambios en la estructura del Ejecutivo, entre ellos la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa.

De acuerdo con declaraciones recientes de Trump, la política hacia Venezuela ha estado orientada a permitir la reactivación de sectores estratégicos bajo mecanismos de control financiero administrados por el Tesoro. En este esquema, los ingresos derivados del petróleo son canalizados a través de cuentas supervisadas por autoridades estadounidenses y las operaciones empresariales se realizan mediante licencias sujetas a revisión.

A pesar del levantamiento de las sanciones personales contra Rodríguez, se mantienen restricciones generales sobre sectores clave y estructuras del Estado venezolano. La medida delimita el alcance de la flexibilización adoptada por Washington, que continúa condicionada a los lineamientos definidos en el proceso en curso entre ambos gobiernos.

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