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Tribunal confirma decisión de primera instancia en el caso contra Julián Bedoya ¿qué pasará?

En las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Medellín, confirmó la decisión de primera instancia negando la solicitud del fiscal de precluir el caso contra Julián Bedoya. La Sala Penal ratificó la decisión del juez de primera instancia y su caso por presunto fraude en su título de abo

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Redacción IFM
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Tribunal confirma decisión de primera instancia en el caso contra Julián Bedoya ¿qué pasará?

En las últimas horas se conoció que el Tribunal Superior de Medellín, confirmó la decisión de primera instancia negando la solicitud del fiscal de precluir el caso contra Julián Bedoya.

La Sala Penal ratificó la decisión del juez de primera instancia y su caso por presunto fraude en su título de abogado sigue vivo.

El caso penal por el presunto fraude procesal de Julián Bedoya para recibir su título como abogado de la Universidad de Medellín sigue en adelante.

Este jueves 29 de febrero la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la negativa a la preclusión del proceso.

En septiembre pasado la Fiscalía y la defensa de Bedoya habían solicitado la preclusión del caso bajo el argumento de que no contaba con las pruebas suficientes, sin embargo, pero el Juez 27 Penal del Circuito de Medellín consideró que esta solicitud era “improcedente”.

De esta forma, el fiscal apeló la decisión del juez ante el Tribunal y consideró que el caso se debe llevar a adelante.

“Deberá pues el defensor preparar toda la carga argumentativa y aportar sus evidencias para que, en la dinámica del juicio, pueda ahí sí pregonar la prevalencia de la presunción de inocencia”, dice el fallo.

Es de destacar que en contra de esta decisión no es posible un nuevo recurso de apelación y ahora el caso regresará al Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, de manera que Bedoya tendrá que ir a juicio para responder cómo obtuvo su título de abogado presentando una serie de exámenes escritos y orales en tiempo récord.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia, antes de pasarle el caso a la Fiscalía había concluido que se podía inferir que la cantidad de exámenes presentados por Bedoya en tiempo récord para obtener su título, luego de 11 años de suspender sus estudios en la institución, contradecía estos hechos.

Campaña de Julián Bedoya responde a acusación
Foto: cortesía

“Las pruebas permiten inferir que el senador Julián Bedoya habría gestado una idea criminosa para obtener su título”, dijo este alto tribunal en su momento.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, en enero pasado, en fallo de primera instancia, suspendió por 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín “por utilizar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 para obtener de manera rápida y con una normativa ajustada a sus intereses su título como abogado”.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que Bedoya logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico.

El caso de Julián Bedoya, exsenador y actual candidato a la Gobernación, continúa generando controversia. La audiencia en la que la Fiscalía busca la preclusión del proceso por presunto fraude en la obtención de su título de abogado en la Universidad de Medellín ha retomado la atención mediática.
Foto: cortesía

De igual manera, el organismo de control comprobó que hubo manipulación de los reglamentos del ente educativo para regular los trámites y procedimientos del proceso formativo en beneficio de Bedoya Pulgarín, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.

La entidad validó que hubo alteración de varios documentos, que la presentación de exámenes en un mismo día no se ajusta con los tiempos estándar de un alumno de pregrado e incluso que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.

La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional.

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