Concejo de Medellín se opone a suspensión de órdenes de captura

El Concejo de Medellín publicó un comunicado con fecha del lunes 6 de abril en el que rechaza categóricamente la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que operan en la ciudad y el Valle de Aburrá. La decisión, formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación a solicitud del Gobierno Nacional en el contexto de la implementación de la política de “paz urbana”.

Argumentos del Concejo: Sin marco legal y contraria al orden jurídico

En el documento, los concejales firmantes ejercen su función de control político y califican la medida como contraria al orden jurídico vigente. Señalan que la suspensión de las órdenes de captura carece de un marco legal aprobado por el Congreso de la República, lo que, en su criterio, compromete la validez institucional de la decisión. Los concejales sostienen que la política de “Paz Total”, bajo la cual se enmarca la medida, no cuenta con los instrumentos normativos necesarios para justificar la interrupción de actuaciones judiciales contra personas investigadas por delitos graves.

El comunicado establece que los beneficiarios de la suspensión no pueden ser considerados interlocutores legítimos de procesos de paz. El comunicado identifica a los 23 cabecillas como actores vinculados a actividades como narcotráfico, homicidio, desaparición forzada, trata de personas y control violento de territorios urbanos. Bajo esa caracterización, el Concejo advierte que la concesión de beneficios jurídicos sin condiciones verificables ni mecanismos de rendición de cuentas configura un riesgo para la seguridad pública.

Impacto en las víctimas y la seguridad ciudadana

Los concejales argumentaron que la medida afecta directamente a las víctimas de la violencia urbana, a los comerciantes sometidos a esquemas de extorsión y a las comunidades que han experimentado desplazamientos forzados dentro de la ciudad. En ese sentido, el documento plantea que la suspensión de órdenes judiciales transmite una señal de impunidad y debilita los incentivos para el cumplimiento de la ley por parte de estructuras criminales.

Exigencias al Gobierno Nacional

El pronunciamiento incluye un pliego de exigencias dirigido al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes. En primer lugar, el Concejo solicita la reversión inmediata de la Resolución 00072 de 2026, con el fin de restablecer la vigencia de las órdenes de captura suspendidas. En segundo lugar, exige que cualquier proceso de negociación con organizaciones del crimen organizado se adelante con apego estricto a la Constitución Política y con participación de las víctimas, además de requerir aval legislativo previo.

En tercer lugar, los concejales demandan garantías para la plena ejecución de las órdenes judiciales en curso, incluyendo procedimientos de extradición hacia Estados Unidos que podrían verse afectados por la suspensión. Este punto introduce una dimensión internacional al debate, al señalar posibles interferencias con compromisos de cooperación judicial.

El documento también solicita la implementación de mecanismos de transparencia. En particular, pide al Gobierno Nacional rendir cuentas públicas sobre el alcance de los diálogos en curso y detallar las condiciones impuestas a los denominados “voceros” de las estructuras criminales. El Concejo enfatiza la necesidad de establecer criterios verificables que permitan evaluar el cumplimiento de compromisos por parte de estos actores.

El debate sobre la “paz urbana” y sus implicaciones

La controversia se inscribe en un contexto de discusión más amplio sobre los límites de las políticas de sometimiento y negociación con grupos criminales urbanos. El pronunciamiento del Concejo de Medellín introduce cuestionamientos jurídicos y operativos que podrían incidir en la viabilidad de la estrategia gubernamental. Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta formal al contenido del comunicado.

El desarrollo de este desacuerdo institucional definirá el margen de coordinación entre niveles de gobierno en materia de seguridad urbana. La respuesta del Ejecutivo y de los órganos judiciales determinará si la suspensión de órdenes de captura se mantiene como herramienta de negociación o si se revierte ante las objeciones planteadas por las autoridades locales.