Alcaldía de Medellín pedirá que exfuncionarios de la administración Quintero sean declarados grupo delincuencial organizado

La Alcaldía de Medellín anunció que solicitará ante las autoridades judiciales que 55 exfuncionarios y terceros vinculados a la pasada administración del exalcalde Daniel Quintero sean declarados como un grupo delincuencial organizado GDO. La decisión se da en el contexto de múltiples investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción que, según la actual administración, habrían afectado de manera significativa los recursos públicos de la ciudad.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la solicitud se presentará en el marco de varias actuaciones judiciales que ya avanzan en diferentes despachos, entre ellas audiencias relacionadas con la imputación de cargos por contratos suscritos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La Alcaldía sostiene que los hechos investigados no corresponderían a situaciones aisladas, sino a una dinámica estructurada y sistemática que habría operado durante el periodo 2020–2023.

El alcalde de Medellín explicó que, a partir de la información recopilada por los organismos de control y de las autoridades judiciales, se ha identificado un patrón de conducta que, en su criterio, justificaría la calificación de grupo delincuencial organizado. Según la administración distrital, dicha estructura habría tenido como propósito direccionar procesos contractuales y afectar las finanzas públicas mediante decisiones irregulares en la celebración y ejecución de contratos.

Entre los delitos que han sido imputados o que se encuentran bajo investigación figuran, principalmente, el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación. De ser confirmadas estas conductas en sede judicial, las penas previstas en la legislación colombiana podrían superar los 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y del grado de participación de cada implicado.

Las autoridades han señalado que las investigaciones han avanzado con el recaudo de distintos elementos probatorios. Entre ellos se encuentran comunicaciones internas, documentos contractuales y otros registros que, según los investigadores, podrían evidenciar posibles direccionamientos y coordinaciones indebidas en procesos de contratación pública. Estas pruebas han sido presentadas en audiencias preliminares adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Durante las últimas semanas, exfuncionarios y contratistas de la administración anterior han comparecido ante los jueces para responder por cargos relacionados con el manejo de recursos y contratos públicos. La Alcaldía indicó que continuará aportando información y acompañando los procesos judiciales, en el marco de sus competencias, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

Finalmente, la administración municipal reiteró que su interés es que las investigaciones se desarrollen con plena observancia del debido proceso y bajo el principio de legalidad, al tiempo que insistió en la necesidad de que se apliquen las sanciones previstas por la ley en caso de que se comprueben los presuntos actos de corrupción que hoy son materia de investigación.