Alcalde de Medellín denunció uso de “Paz Total” para favorecer cabecillas de estructuras criminales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó en la mañana de este martes 7 de abril la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional y se refirió a la derogación parcial de la Resolución 072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se había autorizado el levantamiento de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales.

Durante una declaración pública el mandatario sostuvo que la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación corrigió parcialmente el alcance de la resolución inicial, al dejar sin efecto el beneficio para 16 de los 23 individuos contemplados. Según explicó, estos permanecían privados de la libertad en el centro penitenciario de Itagüí, cumpliendo condenas por delitos como homicidio, narcotráfico, desaparición forzada y extorsión.

Gutiérrez afirmó que la solicitud original de levantamiento de órdenes de captura fue presentada por el Alto Comisionado para la Paz y respaldada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En su intervención, señaló que dicha solicitud omitía información relevante sobre la situación jurídica de los implicados, en particular el hecho de que varios ya habían sido condenados y se encontraban cumpliendo penas privativas de la libertad.

El Alcalde calificó como “determinante” la actuación de la Fiscalía General al reconsiderar la medida y subrayó que la decisión respondió a solicitudes formuladas desde la Administración Municipal. No obstante, advirtió que siete personas continúan cobijadas por beneficios derivados de la resolución, lo que, en su criterio, mantiene un riesgo institucional y de seguridad.

Entre los casos mencionados, destacó el de alias “El Montañero”, quien según Gutiérrez, mantiene una orden de captura vigente por homicidio y enfrenta investigaciones relacionadas con tráfico de estupefacientes hacia Europa, especialmente hacia España; el mandatario señaló que este individuo habría estado vinculado a estructuras criminales responsables de homicidios en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y lo identificó como uno de los principales articuladores de violencia en años anteriores.

En su pronunciamiento, el Alcalde sostuvo que la política de “Paz Total” ha sido utilizada como un instrumento para otorgar beneficios judiciales a integrantes de organizaciones criminales, indicó que estos mecanismos han permitido el reconocimiento de algunos de ellos como voceros o gestores de paz, lo que, a su juicio, genera incentivos adversos en materia de seguridad pública.

Como parte de sus acciones institucionales, Gutiérrez informó el envío de un documento confidencial a agencias del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo el FBI, la DEA, Homeland Security Investigations  HSI y la Embajada de ese país en Colombia. Según detalló, el informe contiene perfiles de los 23 individuos inicialmente beneficiados por la resolución, así como información sobre antecedentes judiciales y posibles vínculos con redes de narcotráfico internacional.

El Alcalde argumentó que algunos de estos individuos habían sido previamente solicitados en extradición por autoridades estadounidenses, por lo que consideró pertinente reactivar estos procesos. Asimismo, señaló que la información remitida busca facilitar la cooperación internacional en materia de persecución del delito.

De manera paralela, Gutiérrez confirmó la radicación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República orientado a modificar la Ley 2272 de 2022, que sustenta la política de “Paz Total”; la iniciativa propone la derogación de tres artículos específicos que, según explicó, permiten la suspensión de órdenes de captura y la designación de voceros de paz entre personas vinculadas a estructuras criminales.

El mandatario indicó que la propuesta incluye una exposición de motivos enfocada en limitar los beneficios jurídicos a individuos con antecedentes penales graves y en fortalecer las garantías para las víctimas, añadió que el proyecto busca introducir controles más estrictos sobre los procesos de negociación con grupos armados y organizaciones criminales.

Finalmente, Gutiérrez reiteró que continuará promoviendo acciones institucionales para restringir lo que calificó como un uso indebido de la legislación vigente. En su declaración, insistió en que la política de seguridad debe priorizar la persecución penal y la protección de las víctimas, y no la concesión de beneficios a personas condenadas por delitos de alto impacto.