La reciente decisión del Ministerio de Medio Ambiente de reubicar y extender las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) ha desatado una ola de preocupación en Antioquia. A medida que el gobierno de Gustavo Petro, encabezado por la ministra de Medio Ambiente y posible precandidata presidencial Susana Muhamad y de la ministra de Agricultura Martha Carvajalino; avanza con esta iniciativa, el temor se instala en los municipios que verán limitadas sus opciones productivas, económicas y de planificación territorial.
El Gobierno ha defendido el APPA bajo la premisa de “priorizar el uso agrícola del suelo”, una medida que aparentemente busca fortalecer la seguridad alimentaria. Sin embargo, críticos advierten que esta normativa, en lugar de proteger y fomentar la diversidad económica, terminará restringiendo actividades claves como el turismo, la ganadería, la industria y, paradójicamente, incluso la agricultura. La medida, que ya se ha implementado en ocho municipios de La Guajira para frenar la minería de carbón a cielo abierto, parece destinada a replicarse en la sabana de Bogotá y en otros departamentos, incluida Antioquia.
¿Una Reforma Agraria a dedo y sin garantías?
La creciente imposición de estas áreas protegidas despierta dudas sobre si nos encontramos frente a una suerte de reforma agraria encubierta, sin garantías ni planificación a largo plazo. Los sectores productivos temen que esta estrategia, más que una política de protección, tenga un propósito de control territorial, limitando el uso de la tierra y expropiando por decreto. Así, los territorios afectados podrían quedar en manos de pequeños agricultores para el cultivo a pequeña escala, sin un análisis riguroso del impacto socioeconómico que esto implica.
En Antioquia, la situación es particularmente crítica. Los municipios del Suroeste antioqueño, como Amagá, Andes, Angelópolis, Betania, entre otros, se verán directamente afectados, así como las áreas de alto potencial turístico y productivo, como el Peñol y Guatapé, en el Oriente del departamento. La falta de claridad en los mecanismos de implementación, la ausencia de estudios técnicos y de impacto cultural en las comunidades, así como el aparente desprecio por las tradiciones productivas locales, dejan a los habitantes y líderes empresariales con un sinfín de preguntas y temores.
Los Municipios en Riesgo y la Autonomía Local
Los 23 municipios de Antioquia que están en la mira del gobierno para ser parte del APPA han desarrollado una economía diversificada y han logrado consolidar sectores productivos que van desde la hotelería y el turismo hasta la producción de aguacate, cítricos y otros productos de exportación. Sin embargo, las regulaciones impuestas por decretos y resoluciones gubernamentales, como la Resolución 0044 de 2024, podrían poner en jaque esta estabilidad económica.
La autonomía municipal, que garantiza a los municipios la capacidad de decidir sobre el uso de su suelo en función de sus propios intereses, se ve vulnerada. Las decisiones a dedo que parecen desconocer las realidades locales amenazan con paralizar el desarrollo económico, bloqueando no solo el avance de los sectores emergentes, sino también el crecimiento de actividades consolidadas y tradicionales.
¿Incoherencia Ideológica y Económica?
Irónicamente, durante su campaña, el presidente Petro promovió la sustitución del petróleo por alternativas como el turismo y la agricultura de productos como el aguacate. Sin embargo, estas áreas protegidas, tal como están planteadas, contradicen estos objetivos al restringir el turismo y la producción de estos mismos productos en muchas regiones. Además, el enfoque exclusivamente agrícola que promueve el APPA podría llevar a una explotación intensiva de recursos naturales, aumentando los riesgos ambientales y comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo.
La Necesidad de Estudios Técnicos y Políticas Claras
Para que la iniciativa de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos logre sus objetivos sin sacrificar la diversidad económica, es esencial contar con estudios técnicos detallados y enfoques integrales que consideren tanto el impacto ambiental como el económico y social. La falta de transparencia y de rigor técnico en las decisiones del gobierno deja a las comunidades sin herramientas para entender o adaptarse a las nuevas regulaciones, generando más incertidumbre que confianza.
Antioquia, con su potencial para la producción agrícola, el turismo, la minería y otros sectores clave, necesita políticas que realmente respeten su autonomía, fomenten la diversidad económica y, sobre todo, estén fundamentadas en estudios objetivos y técnicos. La improvisación y la carga ideológica en la implementación de las APPA amenazan con dañar irreversiblemente el tejido productivo y cultural de la región.
El Gobierno Petro y el Ministerio de Medio Ambiente deben aclarar su plan de acción respecto a las APPA en Antioquia y otros departamentos, ofreciendo garantías a los municipios y sectores productivos. Antioquia y sus comunidades merecen políticas que, lejos de imponer una visión restrictiva y centralizada, promuevan el crecimiento económico, respeten la autonomía local y aseguren la sostenibilidad de sus tierras para las generaciones futuras.
