Al contable Anibal Pirela le tomó seis días de viaje y $ 7,000 para llegar a Austin, Texas desde Maracaibo, la capital del otrora floreciente estado petrolero occidental de Venezuela, Zulia.
Pirela viajó con su hijo Daniel de cuatro años, uniéndose a una avalancha de emigrantes que vaciaban barrios en Zulia, el principal punto de partida para los venezolanos que abandonan su patria golpeada por la crisis.
“Las personas que conozco que han abandonado el país son casi demasiadas para contarlas”, dijo Pirela, de 48 años, desde su nuevo hogar en Austin.
La cantidad de venezolanos detenidos por las autoridades estadounidenses en la frontera sur se disparó a 47,762 en el año hasta septiembre, en comparación con solo 1,262 en el período del año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
Cientos de zulianos se van cada mes, dicen los grupos de defensa, aunque no hay cifras oficiales de migración para ninguno de los 23 estados de Venezuela.
Históricamente, el estado ha estado más aislado de las dificultades económicas debido a la industria petrolera, pero eso ha sido golpeado por las sanciones de Estados Unidos dirigidas al miembro de la OPEP, cortando ingresos muy necesarios.
Reuters habló con ocho familias que huyeron de Zulia en los últimos dos meses debido a la falta de servicios públicos, medicamentos y empleos.
Las casas y edificios abandonados son cada vez más comunes en Maracaibo, hogar de 1,7 millones de habitantes, según residentes actuales y anteriores.
En 2018, la mitad de los hogares en Zulia ya tenían al menos un familiar viviendo en el extranjero, pero desde 2019 esa cifra ha aumentado al 70%, según la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (CODHEZ), una organización no gubernamental.
“Hay barrios donde queda poca gente”, dijo el coordinador general de CODHEZ, Juan Berrios.
CORTE DE ENERGÍA, ESCASEZ DE AGUA
Zulia, al final de las líneas nacionales de transmisión de agua y electricidad, sufre cortes más frecuentes que otras partes de Venezuela, dicen los residentes.
El colapso de la industria petrolera de Venezuela, debido en parte a una serie de sanciones estadounidenses recientes por parte de la administración Trump y lo que los críticos dicen que es una mala gestión estatal, ha llevado a un alto desempleo. Algunos analistas dicen que las sanciones han exacerbado el empeoramiento de la crisis económica del país.
Incluso aquellos que tienen trabajo están tan mal pagados que el costo de vida es prohibitivo, especialmente para los alimentos importados o de contrabando.
Carmen Ortega, de 74 años, cuida a sus ocho nietos con lo que gana como limpiadora de calles.
“Estamos en extrema pobreza”, dijo Ortega en su casa de piso de tierra, construida con latas. “Tenemos a dos de las niñas mendigando en la calle. Traen un poco de pan, la gente les da harina”.
La madre de los niños está desempleada y su padre se fue a Colombia. Ortega dijo que la familia tiene que empezar el día sin comida ni café.
“Lloro por la noche”, dijo.
El salario mínimo mensual de Venezuela equivale a solo $ 3. La inflación alcanzó el 631% de enero a noviembre, según el banco central.
Aproximadamente 850 personas por semana cruzaban a Colombia desde Zulia antes de la pandemia de coronavirus, y aproximadamente la mitad regresaba después de realizar compras de suministros médicos u otros bienes, según Juan Restrepo, presidente del sindicato de transporte más grande de la región.
Ahora, unas 2.000 personas se van cada semana, dijo Restrepo: solo el 30% regresa.
Estados Unidos es el destino final para muchos.
Bajo la presión de Washington para detener el aumento de venezolanos que ingresan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera sur, México anunció la semana pasada que impondrá requisitos de visa para que ingresen al país, aunque no está claro cuándo entrará en vigencia la medida.
LARGA CARRETERA NORTE
Los residentes del barrio pobre de Altos de Milagro Norte en Maracaibo dicen que la escasez de alimentos está siempre presente y que el colapso de su ciudad incluso está afectando los entierros.
La familia de José Amaya hizo un agujero en su patio al aire libre para enterrar a su hermano.
“La funeraria lo hará todo por 170 dólares, pero no tenemos los recursos”, dijo.
La comunidad tenía 2.200 residentes antes de la pandemia, pero solo quedan 1.500, dijo la trabajadora social Maria Carolina Leal.