La JEP pierde credibilidad

En un acto bastante improvisado que se llevó a cabo en la sede de la JEP en Bogotá, el pasado 28 de noviembre, el presidente de la misma, el magistrado Alejandro Ramelli, dio lectura a una lista de 1934 posibles falsos positivos. Esto corresponde al Macrocaso número 03 y la expresión allí utilizada es «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate».

El acto en referencia se realizó con ocasión de la inauguración de la exposición «Mujeres con las botas bien puestas» organizada por las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) y la Jep.

El número de “ejecuciones extrajudiciales”, que siempre se deben rechazar y condenar, entregado por la JEP, confirma que la cifra de 6402 falsos positivos carece, hasta el momento, de existencia, demostración y contrastación.

Durante varios años se estuvo insistiendo en que el número de 6402 falsos positivos recogía las denuncias de las mal denominadas “ejecuciones extrajudiciales” ocurridas entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En el informe final de la Comisión de la Verdad se abordó el caso de los “falsos positivos”, perpetrados por miembros de la Fuerza Pública durante el conflicto armado. En dicho informe se registró esta cifra como un hecho ocurrido durante el conflicto.

Según el abogado Bernardo Henao Jaramillo, la narrativa de la izquierda radical y la repetición de este número lo convirtieron en símbolo del debate político y judicial sobre la responsabilidad del Estado y los altos mandos militares. Es más, en su intervención el presidente de Jep expuso esto como una política de Estado, cosa que fue rechazada por el señor expresidente Uribe.

Indicó el abogado Jaramillo Henao que Ramelli desconoció que en el año 2008 el expresidente llamó a calificar servicios a tres generales y once coroneles y que no es viable ni posible que se le endilgue responsabilidad penal por el mando.
La posibilidad de que estas 1934 víctimas tampoco cumplan con los criterios de clasificación para ser falsos positivos permite sacar conclusiones sobre las que se debe profundizar.

Ya no cabe duda de que se cometieron graves equivocaciones en la recolección y comprobación de estos datos por parte de las organizaciones y entidades que dieron cuenta de los “falsos positivos”. Algunos casos presentados por la Fiscalía o por organizaciones de derechos humanos no fueron debidamente corroborados. Esta circunstancia es de tal gravedad, que no faltará quien llegue a tildar a la Jep de un “falso positivo judicial”.

Por supuesto se sigue imponiendo una profunda revisión de las fuentes y bases de datos utilizadas. La JEP pierde con todo esto respeto, credibilidad y legitimidad. Se le plantea un gran desafío en términos de justicia.

El ejercicio de transparencia de su Presidente también permite formular serios reparos a esta justicia transicional.
Habrá un inmediato y fuerte impacto en los procesos judiciales. Los abogados seguro empezaran a plantearse que, si se confirman los graves errores, éstos afectarán las imputaciones a militares y otros involucrados quienes podrían alegar falta de rigor en los informes oficiales que dieron lugar a las acusaciones.

Estos hechos revictimizan, valga la redundancia, a las víctimas. Si casos de “falsos positivos” son reclasificados las familias de las víctimas sentirán que el sistema judicial las afecta.

El magistrado Ramelli ha dicho en su intervención que preguntar cuál es la cifra de falsos positivos es inmoral. Esto no tiene sentido. 1934 víctimas no son 6402 víctimas. Y llevar años repitiendo una cifra no cierta sí es completamente inmoral.
En todo caso, dado lo sucedido, hay dudas sobre la cifra 1934 como antes las hubo sobre la cifra 6402. Todavía queda mucho por aclarar en particular sobre las fuentes y la metodología utilizada.

Es de esperarse que la senadora María Fernanda Cabal vaya a reforzar inmediatamente su narrativa en el sentido de que todas estas cifras fueron infladas por razones ideológicas y sin análisis previos.

Ella lleva cerca de tres años solicitando la publicación de la lista. Los opositores al proceso de paz argumentarán que los datos no son confiables y tampoco lo es la justicia transicional.

Con la entrega de este número de víctimas ha quedado en entredicho el gobierno con su implementación del Acuerdo de Paz.

Entre tanto las organizaciones de derechos humanos defenderán la necesidad de mantener el foco en las responsabilidades institucionales y estatales más allá de la exactitud de los números.

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