La Defensoría del Pueblo rechazó restricción de acceso impuesta por disidencias del EMC

La Defensoría del Pueblo lamentó por medio de un comunicado oficial que las disidencias agrupadas en el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) hayan restringido su ingreso y el de otros organismos humanitarios a las zonas bajo su influencia. 

Dicha medida, según la entidad, vulneró el derecho internacional humanitario (DIH) y afectó la protección de la población civil. Cabe recordar que el pronunciamiento se dio después de que el llamado Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc liderada por Iván Mordisco, anunciara que prohibirá el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios bajo su control, argumentando “violaciones de confianza y neutralidad” por parte de estos organismos.

Tal decisión, la dieron a conocer por medio de un comunicado difundido en redes sociales, donde se afirmarón las alertas y acciones de los organismos de verificación habrían sido utilizadas, supuestamente, para obtener información de sus posiciones, facilitando operaciones militares en su contra. 

En el mismo comunicado, mencionaron que siempre habían señalado el silencio casi cómplice de estos organismos frente a crímenes de estado o la violación al derecho internacional humanitario, como, aseguraron en los casos de la muerte del menor de 10 años Dylan Cruz, y los tres civiles asesinados a manos de la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado Argelia en el mes de enero.

Para por último aseverar que en adelante, las Farc-Ep Solo Mantendrán Misiones Humanitarias con El Comité Internacional De La Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice lo que denominaron como “la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad” y se mantenga la coordinación previa para toda acción.

Tras esto, desde la Defensoría se respondió asegurando que impedir o condicionar la presencia de misiones humanitarias impidió el monitoreo de riesgos sobre los civiles, dejó a las comunidades sin acompañamiento, limitó el acceso a asistencia y obstaculizó las acciones destinadas a aliviar el sufrimiento de quienes habitan estas zonas.

Asimismo, se señaló que la medida no solo restringió el ejercicio de sus funciones constitucionales, sino que, en la práctica, terminó afectando directamente a las comunidades. La entidad expresó su preocupación por los intentos de deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarios y colaboradores, quienes continuaron desarrollando un trabajo técnico, humano y riguroso incluso en contextos adversos, orientado a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas.

La institución recordó que sus gestiones, de acuerdo con el protocolo de actuación humanitaria, se llevaron a cabo de manera imparcial, independiente y autónoma, con el objetivo de promover la paz, el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección del medio ambiente.

Finalmente, se reafirmó el compromiso que desde la entidad tienen con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y aseguró que permaneció en plena disposición de continuar con su labor humanitaria.