El lunes 9 de diciembre se retomó la audiencia preparatoria en el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla.
El proceso, que lleva varios meses de retrasos, avanzó tras la renuncia de su anterior defensor, Diego Henao Vargas, en octubre de este año.
El juez Hugo Carbonó, encargado del caso, fue claro en señalar que no se permitirán más aplazamientos. En caso de que Nicolás Petro no se presente con su defensa, se le asignará un abogado de oficio.
Este proceso judicial, que inició el 5 de agosto de 2023, ha enfrentado varias interrupciones, y la situación ha generado controversia, principalmente por los cambios en la defensa y los retrasos.
El abogado Alejandro Carranza, quien asumió la defensa de Petro en sustitución de Henao Vargas, se encuentra en un momento crucial del proceso, ya que el equipo de defensa está en conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para alcanzar un preacuerdo que podría implicar una reducción de pena si se aceptan los cargos.
Las acusaciones contra Nicolás Petro incluyen delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se le señala de recibir más de 1.000 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y de Alfonso “El Turco” Hilsaca, con la promesa de destinar esos recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Sin embargo, los fondos presuntamente no llegaron al destino prometido y fueron apropiados por Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, también vinculada al proceso.
La Fiscalía General de la Nación, que originalmente lideraba el fiscal Mario Burgos, fue encabezada por Lucy Laborde después de que el primero fuera recusado en septiembre. Actualmente, Laborde sigue trabajando en la posibilidad de un preacuerdo con la defensa.
El caso ha transcurrido en un entorno de tensión, marcado por amenazas de muerte a Nicolás Petro y su familia, las cuales han sido reportadas por el acusado recientemente.
Petro solicitó investigar las amenazas y garantías de seguridad para él y su hijo. También pidió la restricción temporal del acceso público durante las audiencias debido a la inseguridad, lo que generó una controversia en el proceso.
El abogado Carranza argumentó que Nicolás Petro estaba expuesto a riesgos y solicitó que las audiencias fueran reservadas. Sin embargo, la Procuraduría se opuso, argumentando que la información debe ser pública por el interés general.
El juez Carbonó también rechazó la solicitud, señalando que no había riesgo grave y que la seguridad de Nicolás Petro estaba garantizada, con el caso de las amenazas siendo investigado por la Fiscalía.
El juicio sigue en curso y se esperan más avances en las próximas audiencias, mientras las partes continúan trabajando en el posible acuerdo con la Fiscalía.
