El proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dio un nuevo giro luego de que un juez de control de garantías negara la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía. La decisión, adoptada tras varias jornadas de audiencia, permitió que el exdiputado del Atlántico continúe el proceso en libertad, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para imponer una medida restrictiva de la libertad en esta etapa procesal.
El juez concluyó que, aunque existe una inferencia razonable sobre la presunta participación de Petro en al menos dos delitos de peculado por apropiación y dos de interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de una medida de aseguramiento. En su análisis, el despacho señaló que no se evidenció un riesgo real y actual de fuga, de reiteración de la conducta delictiva ni de obstrucción a la justicia.
Argumentos del juez y posición del Ministerio Público
En su decisión, el togado fue enfático en señalar que la prisión preventiva no puede operar como una sanción anticipada. Indicó que, si bien el proceso cuenta con elementos que permiten avanzar en la investigación, la carga probatoria presentada no resulta suficiente para justificar la privación de la libertad. Esta postura fue respaldada por la Procuraduría General de la Nación, cuyo delegado se opuso a la solicitud de la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público sostuvo durante la audiencia que no es válido concluir que una presunta participación en hechos punibles implique necesariamente la probabilidad de que el procesado continúe cometiendo delitos. A su juicio, la Fiscalía no acreditó de manera concreta los riesgos exigidos por la ley para imponer una medida de aseguramiento.
Los hechos investigados
El caso se remonta a presuntas irregularidades ocurridas en 2021 en el marco de convenios suscritos por la Fundación Fucoso. Según la imputación presentada por la fiscal Lucy Laborde, estos acuerdos habrían generado beneficios económicos por cerca de 111 millones de pesos para Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez. En las investigaciones también aparecen mencionados Pedro Name, Gustavo de la Ossa y Raúl Lacouture, exsecretario general de la Gobernación del Atlántico.
A Petro se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Durante la audiencia, el exdiputado se declaró inocente de todos los cargos, postura que fue reiterada por su defensa a lo largo del proceso.
Pruebas analizadas en audiencia
Durante la diligencia, el juez examinó varios elementos probatorios aportados por la Fiscalía, entre ellos conversaciones obtenidas de chats. Uno de los mensajes destacados corresponde al 19 de agosto de 2021, en el que Day Vásquez le reenvía a Petro una captura de pantalla con información relacionada con un contrato que, según el intercambio, ya había sido adjudicado y estaba en trámite de pólizas. Posteriormente, Vásquez envió imágenes del registro del contrato en el Secop.
Para el despacho, este intercambio constituye un indicio del presunto conocimiento y participación de Petro en las conductas investigadas. También se analizó una conversación del 18 de junio de 2022, en la que Vásquez cuestiona a Petro por una publicación considerada comprometedora y se hace referencia a la necesidad de mantener buenas relaciones con determinados apoyos políticos, entre ellos figuras del entorno de Elsa Noguera.
Cuestionamientos a la Fiscalía
Pese a reconocer la existencia de inferencias razonables sobre algunos delitos, el juez coincidió con la defensa y la Procuraduría en varios cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía. Uno de los puntos señalados fue la falta de precisión sobre el monto exacto de la supuesta apropiación de recursos públicos, elemento clave en los delitos de peculado.
El despacho también consideró que no se acreditaron, en esta fase, los elementos necesarios para sustentar cargos como tráfico de influencias o falsedad en documento público y privado. En ese sentido, el juez indicó que no se aportaron documentos esenciales, como la hoja de vida de Nicolás Petro o soportes relacionados con la empresa de la cual, presuntamente, se habría obtenido un certificado laboral falso.
Reacción de las partes y próximos pasos
La defensa de Nicolás Petro, liderada por el penalista Alejandro Carranza, celebró la decisión y reiteró la inocencia de su cliente. Durante la audiencia, Carranza afirmó que la Fiscalía incurrió en irregularidades procesales y sostuvo que no existen fundamentos para restringir la libertad del exdiputado.
Por su parte, la fiscal Lucy Laborde interpuso recurso de apelación contra la decisión, por lo que el tema será revisado por un juez de segunda instancia. Mientras tanto, el proceso penal continuará su curso, con Nicolás Petro vinculado formalmente a la investigación pero sin medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La determinación judicial marca un punto clave en un caso de alto impacto político y mediático, que seguirá bajo la lupa pública a medida que avancen las etapas procesales y se definan las responsabilidades penales a las que haya lugar
