SIC formuló cargos contra D1 por presuntas fallas en pagos, entregas y publicidad en su comercio

Una investigación administrativa fue iniciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la sociedad D1 S.A.S., tras la formulación de un pliego de cargos por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en su canal de comercio electrónico.

La actuación es adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de un proceso de análisis que incluyó miles de reclamaciones ciudadanas y la revisión de información entregada por la empresa. De acuerdo con la entidad, “la SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico”.

La decisión se sustenta en el estudio de cerca de 13.000 quejas presentadas durante el segundo semestre de 2024, así como en actuaciones administrativas que comprendieron requerimientos de información y verificación documental en etapa preliminar. Este proceso permitió identificar una serie de posibles irregularidades en la operación digital de la compañía.

Entre los hallazgos señalados por la SIC se encuentran “fallas en los sistemas de pago electrónico, que habría generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones”. Asimismo, la entidad reportó “entrega de productos en mal estado o vencidos”, situación evidenciada en aproximadamente 700 quejas relacionadas con posibles incumplimientos en estándares de calidad e idoneidad.

El informe también menciona “incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas”. A esto se suman observaciones sobre “publicidad presuntamente engañosa”, en la que se ofrecerían productos con precios o descuentos que no coincidirían con los aplicados, lo que podría inducir a error a los consumidores.

Otro de los puntos incluidos en la investigación corresponde a la “omisión de información esencial en promociones”, al no comunicar de forma completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades.

La Superintendencia aclaró que la formulación de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa. En ese sentido, precisó que “la formulación de cargos no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada” y que durante el proceso se garantizará el derecho de defensa y contradicción conforme a lo establecido en la ley.

Esta actuación, según la entidad, hace parte de una estrategia orientada a fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales. En el comunicado se indica que el proceso se enmarca en acciones para “fortalecer la protección de los consumidores en entornos digitales y promover relaciones de consumo transparentes, seguras y ajustadas a la normativa vigente”.

El caso continuará su curso dentro de las etapas previstas en la actuación administrativa, mientras la autoridad evalúa los elementos recopilados en torno al funcionamiento del comercio electrónico de la sociedad investigada.