Procuraduría inicia investigación disciplinaria por irregularidades en contrato de la Unidad para las Víctimas

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Juan Felipe Acosta Parra, exsecretario general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y Katherin Lorena Mesa Mayorga, exsubdirectora general y supervisora de un contrato bilateral, por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio.

La medida también incluye a Nancy Lucila Manotas Ortiz, representante legal de la Corporación Colombiana de Agricultura Urbana y Conservación del Ambiente (Corambiental) en la época de los hechos.

El contrato, cuyo objetivo era fomentar la cultura emprendedora en emprendedores registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV) mediante actividades de formación solidaria, habría presentado sobrecostos en productos y servicios, además de inconsistencias en las fases precontractual y de ejecución. Entre las posibles irregularidades se encuentra el presunto incumplimiento de Corambiental al no contar con una cuenta bancaria desde el inicio del convenio, lo que podría haber afectado los rendimientos financieros del proyecto.

Para esclarecer estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado un dictamen pericial a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Este análisis busca determinar la existencia y magnitud de los sobrecostos y verificar desde qué momento se generaron los rendimientos bancarios relacionados con el contrato.

La Procuraduría subrayó la importancia de garantizar que los recursos destinados a beneficiar a las víctimas del conflicto armado se hayan utilizado adecuadamente, ya que estos programas están diseñados para mejorar las condiciones de vida de esta población vulnerable.