Procesos judiciales avanzan por presuntos hechos de corrupción en el Área Metropolitana y Medellín durante la administración de Quintero

Este lunes 26 de enero avanzan dos procesos judiciales relacionados con presuntos hechos de corrupción que habrían afectado recursos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del Distrito de Medellín. Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de despachos judiciales de la capital antioqueña, en casos que involucran a exfuncionarios, directivos de entidades descentralizadas y contratistas.

El primero de los procesos corresponde al caso Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Bomberos Voluntarios de Itagüí, para el cual está programada una audiencia de imputación de cargos este lunes a las 3:30 de la tarde. En esta diligencia, la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.

En este expediente serán imputados Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales; y Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Los hechos investigados están relacionados con presuntos actos de corrupción en la celebración y ejecución de seis contratos estatales suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos, cuyo valor conjunto asciende a 18.656.740.086 pesos.

Según la Fiscalía, los delitos imputados corresponden a interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas que podrían derivar en penas superiores a 30 años de prisión, además de eventuales responsabilidades patrimoniales. Las víctimas ya reconocidas dentro del proceso anunciaron que se unirán a la solicitud de medida de aseguramiento intramural y a la petición de la máxima pena prevista en la ley.

En este mismo caso, dos personas permanecen privadas de la libertad desde el 7 de octubre de 2025: Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del Área Metropolitana y coordinadora de contratos. De acuerdo con la investigación, el alcance del caso no se limita al municipio de Itagüí, ya que los contratos tenían como objeto fortalecer la atención de emergencias y la gestión del riesgo en todos los municipios del área metropolitana, con especial impacto en Medellín.

Como material probatorio, la Fiscalía ha presentado chats, interceptaciones y otros elementos que darían cuenta de un presunto direccionamiento contractual desde estructuras internas de la entidad. Con este proceso, ya son 55 las personas imputadas en distintos casos de corrupción que habrían afectado recursos públicos de Medellín y el Área Metropolitana. Las autoridades insisten en que los hechos configuran una estructura de delincuencia organizada, por lo que se solicita la aplicación de la Ley 1908 de 2018. Además, se confirmó la aprobación de al menos un principio de oportunidad y se hizo un llamado a garantizar la protección de las personas que colaboran con la justicia, al tiempo que se prevén nuevas aprobaciones bajo reserva.

El segundo proceso corresponde al caso Metroparques – Zonas Verdes y Jardines, cuya primera audiencia de juicio oral está programada para este lunes a la 1:30 de la tarde, ante el Juzgado 10 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín. En este juicio son procesados Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques; y la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S., en calidad de contratista.

Los hechos investigados se relacionan con la presunta apropiación de más de 5.000 millones de pesos dentro de un contrato por 12.000 millones, originalmente asignado al Jardín Botánico de Medellín. De acuerdo con el expediente, estos hechos generaron una afectación a las zonas verdes de la ciudad, las cuales, según se indicó, ya fueron recuperadas. Durante el juicio, la Fiscalía y las partes presentarán más de 200 pruebas documentales y 21 testimonios.

Finalmente, desde el ámbito institucional se reiteró la confianza en la administración de justicia y el respaldo a la labor de la Fiscalía General de la Nación. Los avances judiciales, según se informó, se producen tras denuncias presentadas por ciudadanos, veedurías, medios de comunicación y hallazgos realizados por la administración, los cuales superan los 650 casos documentados.