En el marco de este proceso, el magistrado Carlos Camargo presentó una ponencia en la que plantea declarar la nulidad total del Decreto Legislativo 1390, norma que dio sustento al estado de excepción. El documento será discutido por la Sala Plena este jueves 9 de abril, fecha en la que se espera una decisión definitiva sobre la legalidad de la medida. La emergencia económica fue decretada por un periodo de 30 días con el objetivo de atender un desequilibrio en las finanzas públicas.

En su ponencia, el magistrado Camargo expuso que el decreto no cumplía con los requisitos exigidos para su expedición. Según el análisis, las circunstancias que motivaron la declaratoria no correspondían a hechos imprevisibles ni excepcionales, condiciones necesarias para justificar un estado de emergencia. En ese sentido, el proyecto plantea que la medida no se ajusta a los parámetros constitucionales.

El documento también recoge los elementos que llevaron a la suspensión provisional del decreto el 29 de enero de 2026. En esa decisión participaron seis magistrados que coincidieron en la necesidad de frenar temporalmente la aplicación de la norma mientras se adelantaba el estudio de fondo. Entre ellos se encuentran Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses, Miguel Polo y el propio Camargo.

Dentro del análisis, la Corte evaluó los argumentos presentados por el Gobierno nacional para sustentar la emergencia. Según la ponencia, no se aportó evidencia suficiente que demostrara la necesidad de recurrir a este mecanismo para cubrir el faltante de 16,3 billones de pesos contemplado en el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Otro de los puntos abordados en el proyecto tiene que ver con el procedimiento mediante el cual se expidió el decreto. El texto señala que la medida fue firmada al inicio de la actividad judicial tras el periodo de vacancia, lo que permitió su vigencia temporal antes del control automático de constitucionalidad. Este aspecto fue considerado dentro del análisis sobre la legalidad de la actuación.

La ponencia también hace referencia a posibles efectos derivados de la aplicación del decreto, en particular en materia tributaria. Según el documento, la habilitación de medidas con fuerza de ley podría generar consecuencias mientras se resolvía su revisión, lo que llevó a la suspensión como mecanismo para evitar impactos durante el trámite.

El estado de emergencia fue declarado por el Gobierno a través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el propósito de atender un déficit fiscal. Entre las razones expuestas se encontraba la necesidad de garantizar recursos adicionales para sectores como el sistema de salud, en medio de presiones sobre el financiamiento estatal.

La decisión de la Corte Constitucional de Colombia definirá la continuidad o anulación de la medida, en un proceso que se desarrolla dentro del control automático previsto para este tipo de decretos.

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