Petro tendrá que declarar por escándalo en la Ungrd

El presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá que declarar ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación sobre el presunto direccionamiento de contratos y pago de coimas para favorecer al Gobierno en varias iniciativas legislativas que cursan en el Congreso.

La Sala de Instrucción del alto tribunal ratificó, con el auto 01131 del 3 de diciembre de 2024, que el mandatario tendrá que entregar su testimonio como parte de la investigación sobre el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El caso, que afecta a varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), quienes presuntamente habrían sido beneficiarios del direccionamiento de contratos.

Entre los implicados en el escándalo están los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, así como el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes están siendo investigados por aceptar dádivas a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda.

El testimonio de Petro

El presidente Petro tendrá que responder un cuestionario elaborado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez, quien dirige la investigación.

El testimonio del mandatario se llevará a cabo a través de una certificación juramentada, en la que deberá explicar su versión sobre los hechos que involucraron a funcionarios de alto rango, incluido el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se encuentra en el centro de la polémica por las denuncias de su implicación en el caso.

Petro tiene un plazo de tres días hábiles para entregar su declaración, una vez resueltas las dudas que sus abogados puedan presentar al alto tribunal.

El mandatario ha defendido públicamente a sus funcionarios, especialmente a Bonilla, a pesar de las graves acusaciones en su contra. Este caso se suma a una serie de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el Gobierno, que han generado una creciente presión sobre el Ejecutivo.

Los congresistas implicados y los contratos en cuestión

Los congresistas investigados forman parte de la Cicp y habrían recibido contratos de la Ungrd a cambio de su apoyo para aprobar reformas del Gobierno. Según la Corte Suprema, durante los últimos 18 días del periodo de sesiones del 2023, esta comisión aprobó 13 de los 18 conceptos sobre los proyectos presentados por el Ministerio de Hacienda, lo que estaría relacionado con la adjudicación de contratos por $92.000 millones en los departamentos de Arauca, Córdoba y Bolívar.

El proceso contra los miembros del Congreso se inició después de que la exasesora del ministro Bonilla revelara que los congresistas habrían recibido pagos ilícitos a cambio de su apoyo en la aprobación de las reformas propuestas por el Ejecutivo. A los congresistas inicialmente mencionados se suman dos expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, quienes también están siendo investigados por aceptar sobornos a cambio de su respaldo en los proyectos legislativos.

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