Petro desafía la ley: Tribunal lo sanciona con multa millonaria por desacato en la Creg

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión sin precedentes al declarar al presidente Gustavo Petro en desacato por no acatar un fallo judicial que le ordenaba nombrar a los seis miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Este organismo es crucial para regular los monopolios en los servicios públicos en Colombia, y su funcionamiento se ha visto comprometido por la falta de cumplimiento del mandatario.

La magistrada Ana Margoth Chamorro, responsable del caso, destacó que hasta el momento, Petro no ha presentado justificación adecuada para el retraso en los nombramientos. Como consecuencia, el tribunal impuso una multa de cinco salarios mínimos, equivalente a 6.500.000 pesos, que el presidente debe pagar en un plazo de 10 días.

IFMNOTICIAS.COM consultó al abogado Andrés Úsuga quien se refirió a la situación, explicando las implicaciones legales del fallo: “Él (Petro) ya incumplió. O sea, ya lo que están diciéndole es, lo estoy sancionando porque usted desacató el fallo de tutela. Entonces, lo que hace el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es decirle, como yo no tengo competencia para decretar, lo que normalmente con cualquier otra persona del país es que le decretan un arresto, cinco días generalmente».

Úsuga también explicó que el arresto en estos casos no se aplica de manera convencional, sino que afecta la hoja de vida del sancionado, lo que puede ser “muy doloroso para el gobierno”.

Sin embargo, subrayó que, debido al fuero presidencial, la única entidad que podría decretar un arresto para el presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que no ocurrió en este caso. “Por eso es que le pusieron la multa”, agregó Úsuga, destacando que lo más probable es que Petro pague la multa y considere que el asunto está resuelto.

Cabe recordar que el origen de esta acción judicial se remonta al ciudadano Gilberto Augusto Blanco, quien presentó la demanda. El fallo inicial, emitido el 25 de enero, fue ratificado por el Consejo de Estado el 2 de mayo, lo que evidenció la urgencia de cumplir con la normativa vigente.

En este contexto, la magistrada argumentó que el presidente no ha integrado la Creg adecuadamente, ya que hasta ahora solo se han designado tres de los seis comisionados necesarios.

Un aspecto relevante del fallo es que la anulación de los nombramientos de Omar Fredy Prías y Baisser Antonio Jiménez por el Consejo de Estado no exime a Petro de su responsabilidad.

Solo Fanny Guerrero, la experta que permanece en la Creg, fue nombrada de manera formal. La falta de acción del presidente ha generado una situación de “mora injustificada” en el cumplimiento de sus deberes, afectando así la efectividad de un organismo vital para el suministro energético del país.

Además, Úsuga advierte que podrían venir más acciones legales contra el presidente. “Después de esto, lo que sí podría venirse ya es una investigación formal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ya por prevaricato, por desconocer la ley o actuar en contra de la ley”, aseguró el abogado.

Sin embargo, señaló que el presidente parece desinteresado en las consecuencias, ya que enfrenta numerosas investigaciones que no han avanzado.

Reacciones y posibles impugnaciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, criticó duramente al presidente en redes sociales:

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara en desacato a Petro por negarse a cumplir la sentencia que le ordenó nombrar a los expertos de la Creg y le impone una multa. Petro viene rebelándose, una y otra vez, contra las decisiones judiciales, en clara violación de la ley”, escribió en X.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Humberto Amín, del Centro Democrático, calificó la situación de “increíble” y aseguró que “hasta el mismo presidente se burla de los fallos judiciales”. Enfatizó que el desacato es un síntoma del desprecio de Petro hacia la ley: “Gustavo Petro cree que la ley es para todos menos para él”.

Se prevé que el presidente impugne esta decisión en instancias superiores, lo que podría llevar el caso nuevamente al Consejo de Estado para su revisión. Sin embargo, lo que está en juego es la credibilidad del Ejecutivo y el respeto por las decisiones judiciales en un país donde la separación de poderes es fundamental para el funcionamiento de la democracia.

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