Gustavo Adolfo Pérez Peña según las autoridades es integrante principal de la estructura delincuencial El Mesa, organización con presencia en el Valle de Aburrá, Bogotá y otras zonas del país. De acuerdo con expedientes judiciales, su nombre ha sido vinculado a investigaciones relacionadas con homicidios y disputas por el control de economías ilegales.

La trayectoria judicial de Pérez Peña incluye múltiples procesos a lo largo de varias décadas. Según información oficial, fue capturado en octubre de 2019 y permaneció privado de la libertad hasta el 14 de marzo de 2024. Durante ese periodo cumplía una condena de ocho años por delitos como concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Su salida se produjo antes de completar el total de la pena impuesta.

Uno de los aspectos registrados en las investigaciones es el uso de diferentes identidades. Las autoridades han documentado que Pérez Peña utilizó nombres como Luis Rodrigo Rodríguez y Juan Camilo Hernández Berrío, lo que incidió en los procesos de identificación en distintas actuaciones judiciales.

Los antecedentes consignados en la Rama Judicial señalan que desde finales de la década de 1990 ha sido procesado por conductas como tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y cohecho. En el año 2000 se reportó su fuga de un centro de reclusión, hecho que dio lugar a nuevas diligencias judiciales y a la continuidad de los procesos en su contra.

A lo largo de los años, Pérez Peña ha sido recluido en varias oportunidades. Durante esos periodos ha enfrentado investigaciones y condenas por distintos delitos, entre ellos homicidio y hurto. Los registros oficiales indican que acumula varias sentencias dentro del sistema judicial colombiano.

Su nombre también aparece en el marco de los mecanismos de diálogo impulsados por el Gobierno nacional. En ese contexto, fue incluido como vocero de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá en espacios de carácter sociojurídico desarrollados en el establecimiento penitenciario de Itagüí. Esta participación se dio dentro de la política de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información disponible, al momento de su designación como vocero mantenía una orden de captura vigente. Esta medida fue suspendida como parte de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el marco de los procedimientos establecidos para el desarrollo de los acercamientos con estructuras delincuenciales.