Funcionarios y contratistas de la SIC recibieron sanciones disciplinarias

Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia para la época, además de tres funcionarios y doce contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la información la decisión fue en primera instancia y estos funcionarios se les acusa presuntamente por actuaciones registradas durante visitas administrativas realizadas en marzo de 2024.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos se presentaron entre el 12 y el 21 de ese mes, cuando el equipo adelantó diligencias en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y los fondos rotatorios de ambas entidades.

La Procuraduría determinó que el grupo comisionado incurrió en extralimitación de funciones al solicitar acceso a dispositivos móviles personales e institucionales con el fin de obtener información, argumentando facultades relacionadas con la verificación de procesos contractuales.

Según el fallo, durante las diligencias el equipo actuó bajo la denominación de “El Despacho”, lo que les permitió requerir información considerada sensible, pese a que el alcance de la actuación estaba delimitado por denuncias específicas relacionadas con posibles irregularidades en contratación.

El ente de control señaló que estas actuaciones no correspondían con el objeto inicial de las investigaciones, que buscaban revisar presuntas prácticas en contratos vinculados a la empresa Thomas Greg & Sons, relacionados con procesos de expedición de cédulas y pasaportes.

La decisión también indicó que el acceso a la información solicitada podría tener implicaciones sobre la reserva legal en distintos ámbitos, incluidos procesos de extradición y solicitudes de refugio, así como sobre la integridad de evidencias digitales, entre ellas copias forenses de dispositivos de almacenamiento.

En el análisis disciplinario se estableció que estas acciones incidieron en derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, debido a que la información consultada incluía bases de datos sensibles, entre ellas censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales.

Como resultado del proceso, Francisco Melo Rodríguez fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses. En el mismo fallo, los funcionarios Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso recibieron sanciones de suspensión e inhabilidad por un periodo de nueve meses.

Por su parte, los doce contratistas vinculados al caso fueron sancionados con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para contratar con el Estado por un término de cinco años.

La Procuraduría precisó que, en caso de que los servidores sancionados no se encuentren en ejercicio de sus cargos al momento de la ejecución de la medida, las suspensiones se convertirán en sanciones de carácter pecuniario, sin que ello afecte la aplicación de las inhabilidades establecidas.