Fiscalía destapó millonario desfalco en el INDER y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero

Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Fiscalía General de la Nación reveló un presunto desfalco por más de 3.500 millones de pesos que involucra a exfuncionarios del Instituto de Deportes y Recreación (INDER), de la empresa Metroparques y a un contratista privado.

Durante la audiencia de formulación de acusación, el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín reconoció formalmente como víctimas a la Alcaldía de Medellín, al INDER y a Metroparques. La Fiscalía presentó cargos por peculado por apropiación agravado y otros delitos contra Diana Toro, exdirectora del INDER; Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, exgerentes de Metroparques; y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S.

Según el ente acusador, los implicados habrían incurrido en maniobras para manipular y fraccionar contratos, evadir controles legales, beneficiar de forma irregular a un proveedor y permitir pagos con sobrecostos injustificados. Solo en artículos como balones, uniformes y medallas, se habrían detectado sobrecostos por más de 3.700 millones de pesos.

El origen del entramado fue el contrato interadministrativo número 6700013390 del año 2020, suscrito entre el INDER y Metroparques por más de 21.800 millones de pesos, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Este contrato fue modificado siete veces hasta alcanzar un valor de 24.200 millones de pesos, sin justificación técnica ni estudios de mercado.

Posteriormente, Metroparques firmó el contrato 20201300728 con CYAN Eventos, mediante una invitación privada que limitó la pluralidad de oferentes y exigió requisitos arbitrarios. La firma tuvo apenas un día para presentar su propuesta y resultó seleccionada sin que mediara una oferta económica clara. Aunque fue contratada como operador logístico, CYAN terminó subcontratando a organizaciones sociales para ejecutar las actividades, generando una cadena de intermediación que disparó aún más los costos.

Durante la ejecución de estos contratos, entre 2020 y 2022, la Fiscalía señala que los recursos del Presupuesto Participativo terminaron siendo apropiados de forma indebida por los implicados. Los montos que se les atribuyen individualmente son:

• Diana Toro: 1.999 millones de pesos
• Jorge Enrique Liévano: 1.999 millones de pesos
• María Eugenia Domínguez: 3.705 millones de pesos
• Mauricio Jaramillo Botero: 3.705 millones de pesos

Este caso se suma a otras investigaciones en curso, como el proceso por el contrato de Aguas Vivas, y alimenta las denuncias sobre una presunta estructura de corrupción sistemática durante el gobierno de Quintero, hoy investigado en múltiples frentes judiciales.

La audiencia fue suspendida y se reanudará el próximo 14 de agosto a las 2:00 p.m., cuando continuarán las intervenciones de las partes.