Fiscal Luz Adriana Camargo pidió a Gustavo Petro revocar vocerías de paz y reactivar capturas contra jefes de disidencias de las Farc
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitó al presidente Gustavo Petro revocar la designación como voceros de paz a varios cabecillas de las disidencias de las Farc, entre ellos alias “John Mechas” y alias “Calarcá”, y pidió reactivar las órdenes de captura en su contra, tras advertir que estas estructuras continúan ejecutando acciones armadas pese a los beneficios otorgados en el marco de los diálogos.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, radicó ante el presidente Gustavo Petro una solicitud para que se revoque la designación como voceros de paz a varios cabecillas de las disidencias de las Farc y, en consecuencia, se reactiven las órdenes de captura en su contra. Este anuncio ya había sido anticipado por la fiscal en una entrevista reciente con Caracol Radio.
El documento expone que las estructuras armadas señaladas continúan desarrollando acciones ilegales en distintos territorios del país. En uno de los apartes se indica que el Frente 33 “persiste en su actividad de guerra al ampliar su arsenal con drones con los cuales fortalece y amplía sus posiciones en terreno”, además de disputar el control territorial con el ELN y mantener a la población civil en medio de la confrontación.
La Fiscalía también recoge declaraciones del representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien afirmó que “desde hace unos días, a finales del año, el Frente 33 tomó la iniciativa de atacar territorios que ya estaban siendo controlados por el ELN”, mencionando los corregimientos de Pacelli, en Tibú, y Filogringo, en El Tarra.
En el análisis del ente acusador se concluye que estas conductas, entre ellas homicidios en persona protegida, impiden mantener los beneficios otorgados en el marco de los diálogos. En ese sentido, el documento señala que los integrantes de estas estructuras “no merecen mantener el privilegio de la suspensión de las órdenes de captura que benefician a sus miembros representantes en los diálogos de paz”.
Entre los hechos expuestos, la Fiscalía recuerda que el 3 de marzo de 2026 fueron imputados Javier Alfonso Velosa García, Farby Edinson Parra Parra y Carlos Eduardo García Téllez por el delito de concierto para delinquir agravado, en concurso con homicidio en persona protegida con 49 víctimas, desplazamiento forzado con 87 víctimas, reclutamiento ilícito —con registro de 31 menores recuperados— y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
La solicitud pide revocar la calidad de representantes de las disidencias del Frente 33 “Mariscal Antonio José de Sucre”, Bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, a Carlos Eduardo García Téllez, alias “Andrey Avendaño”; Jonathan Jair Narváez Quintero; Farby Edison Parra Parra, alias “Richard”; y Javier Alonso Velosa García, alias “John Mechas”. Asimismo, se solicita la reactivación de las órdenes de captura vigentes en su contra.
El documento también aborda el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, señalado como cabecilla del denominado Estado Mayor Central de las Farc-EP. Según el informe citado, el jefe guerrillero “ha continuado impartiendo órdenes para la ejecución sistemática de conductas punibles pese a la suspensión de sus órdenes de captura”.
De acuerdo con la Fiscalía, alias “Calarcá Córdoba” coordina estructuras armadas en Meta, Caquetá y Guaviare, con acciones que incluyen “extorsiones continuas, desplazamiento forzado, graves delitos ambientales (deforestación) y ataques militares premeditados”, lo que configura, según el documento, un nexo directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada.
En ese contexto, la fiscal general solicitó que se revoque su designación como miembro representante del Estado Mayor Central, otorgada mediante la Resolución presidencial 419 del 29 de diciembre de 2023, y que se reactiven las órdenes de captura en su contra. Con esta radicación, la Fiscalía formaliza una posición que ya había hecho pública y que pone en discusión la continuidad de los beneficios judiciales para estos cabecillas en medio de los procesos de paz.


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