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Defensa de Sandra Ortiz solicitó libertad por vencimiento de términos en proceso por caso UNGRD

Ortiz enfrenta un proceso por su presunta participación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La defensa de Sandra Ortiz presentó una solicitud ante el Juzgado Quinto de Control de Garantías de Bogotá para que se ordene su libertad por vencimiento de términos.

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Defensa de Sandra Ortiz solicitó libertad por vencimiento de términos en proceso por caso UNGRD

En medio del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el requerimiento se radicó en la antesala de la audiencia preparatoria de juicio, etapa que aún no ha sido instalada de manera definitiva.

La exfuncionaria permanece privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024, lo que representa cerca de 500 días bajo detención. De acuerdo con la defensa, también han transcurrido más de 440 días desde la radicación del escrito de acusación, presentada el 24 de enero de 2025.

El abogado Mauricio Camacho argumentó que, conforme al Código de Procedimiento Penal, el Estado dispone de un plazo de 240 días para iniciar el juicio una vez formalizada la acusación. Según su planteamiento, al haberse superado ese término sin que se haya dado apertura formal a la etapa de juzgamiento, se configura una causal que permitiría la libertad de su defendida.

Ortiz se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía, a través de la fiscal María Cristina Patiño, formuló acusación por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exconsejera ha rechazado.

Según la investigación, los hechos se remontan a octubre de 2023. La hipótesis del ente acusador plantea que Ortiz habría actuado como intermediaria entre el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. En ese contexto, la Fiscalía sostiene que los congresistas habrían recibido recursos por un monto de 4.000 millones de pesos a cambio de respaldar iniciativas legislativas del Gobierno.

La solicitud de libertad se produce semanas después de que una juez negara la petición de preclusión presentada por la defensa, decisión que mantuvo vigente la investigación penal. Este fallo fue apelado y actualmente se encuentra en revisión por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La audiencia preparatoria, que forma parte del proceso previo al juicio, fue suspendida y quedó programada para reanudarse el próximo 16 de abril a las 9:00 de la mañana, mientras el juzgado evalúa la solicitud presentada por la defensa y se definen los siguientes pasos dentro del proceso judicial.

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