Caso MI-17 escaló: Testigo reveló más implicados y Fiscalía abrió nuevo expediente por millonarios contratos

Manrique además entregó información que amplía el alcance de la investigación penal. Durante la diligencia, a la que tuvo acceso Caracol Radio, el ahora testigo de la Fiscalía señaló la existencia de un esquema para direccionar el contrato hacia la empresa estadounidense Vertol Systems Company, pese a que, según lo expuesto, no cumplía con los requisitos exigidos.

La actuación de Manrique lo convirtió en el primer procesado en aceptar su responsabilidad dentro de este caso. En el marco del acuerdo con la justicia, obtuvo inmunidad penal por un año frente a los delitos relacionados con contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. A cambio, se comprometió a declarar en los procesos que se adelantan contra otros funcionarios vinculados a la investigación.

Durante su intervención, el exasesor expresó disculpas públicas y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. La Fiscalía, con base en los elementos entregados, confirmó que la investigación se extiende a nuevos funcionarios del Ministerio de Defensa que habrían tenido conocimiento directo de las irregularidades en el trámite contractual.

Entre los nombres mencionados en la diligencia aparecen María Camila Cardona, Judith Stella Garzón, Daniel Jiménez Fandiño y Mónica Janeth Nariño, quienes, según el expediente, habrían estado vinculados al proceso desde diferentes roles dentro del Viceministerio de Estrategia y Planeación. A estos se suman señalamientos que ya recaían sobre el exviceministro Luis Edmundo Suárez y el entonces director de Logística, Herbert Buitrago, quienes aún no han sido vinculados formalmente en este proceso específico.

La Fiscalía también expuso que dentro del Ministerio de Defensa no ha sido posible ubicar documentación considerada relevante para la investigación. Se trata de un informe técnico elaborado en diciembre de 2024 por el comité estructurador del proceso contractual, en el que, según lo indicado en audiencia, se advertía que la empresa contratista no cumplía con los requisitos financieros, técnicos ni jurídicos. A pesar de múltiples inspecciones realizadas por el ente acusador, el documento no ha sido encontrado.

Como parte del material probatorio, Manrique entregó conversaciones y documentos que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido utilizados para sustentar la legalidad del contrato adjudicado. Estos elementos se incorporaron al expediente con el propósito de reconstruir el proceso y determinar responsabilidades individuales.

En la misma diligencia, la defensa del testigo informó que su cliente habría sido objeto de intimidaciones durante la estructuración del contrato. Según lo expuesto ante el juez, dichas presiones habrían incidido en su participación dentro del esquema investigado, afectando su entorno personal y familiar.

Adicionalmente, la Fiscalía anunció la apertura de un nuevo proceso penal derivado de la información entregada por Manrique. Este nuevo expediente involucra al exviceministro Luis Edmundo Suárez y a miembros de la Fuerza Pública por presuntas irregularidades en un contrato relacionado con una estación de servicio ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, cuyo valor superaría los 20.000 millones de pesos.

De acuerdo con lo señalado en audiencia, los hechos asociados a este segundo caso habrían iniciado en septiembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, se retomó un proceso contractual en el Ejército Nacional en el que Suárez habría tenido participación. Este nuevo frente investigativo se suma al expediente principal por el caso de los helicópteros MI-17.

Por otra parte, la imputación de cargos contra el exviceministro y otros involucrados en el proceso de los helicópteros continúa en trámite. La Fiscalía programó una nueva diligencia para el próximo 21 de abril, en la que se buscará avanzar en la judicialización de los señalados dentro de este caso.

La información revelada en la audiencia y los nuevos elementos incorporados al proceso amplían el alcance de la investigación, que continúa en curso bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

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