Tras la declaratoria del estado de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, mediante el decreto 1390 de 2025, el exministro de Hacienda y actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), José Manuel Restrepo, se pronunció con fuertes cuestionamientos frente al contenido y la justificación de la medida.
A través de un pronunciamiento público, Restrepo aseguró que el decreto “es francamente muy pobre”, al considerar que está “plagado de mentiras y errores”, y afirmó que la decisión confirma críticas previas sobre la forma en que el Ejecutivo habría construido la declaratoria. Según expresó, “el gobierno ‘fabrica’ una emergencia económica y luego la ‘decreta’”.
El exministro sostuvo que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de estados excepcionales. En su análisis, indicó que la medida no responde a “ningún hecho imprevisible o excepcional” ni demuestra la existencia de una perturbación grave del orden económico. “No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave. Buena parte de la argumentación responde a hechos que el propio gobierno ha generado”, señaló.
Restrepo agregó que, a su juicio, el texto del decreto tampoco logra sustentar jurídicamente la necesidad de acudir a un estado de emergencia. “Tampoco se demuestra una perturbación grave”, afirmó, y advirtió que, en esas condiciones, la medida “difícilmente es susceptible de ser declarado constitucional”.
En su pronunciamiento, el rector de la EIA también cuestionó el uso de los estados de excepción como herramienta de gobierno. Calificó como “inconcebible” que se utilice este tipo de figuras para enfrentar situaciones que, según su análisis, estarían relacionadas con fallas de planeación y gestión. “Es inconcebible que se ‘manosee’ un estado excepcional por un gobierno de esta manera y que burdamente se le utilice para esconder una mala planeación y gestión fiscal”, afirmó.
Finalmente, Restrepo advirtió sobre las implicaciones institucionales que podría tener la validación de este decreto. A su juicio, permitir que prospere una declaratoria de este tipo sentaría un precedente riesgoso. “Permitir este decreto es abrir una puerta a la irresponsabilidad de cualquier gobierno con estos estados excepcionales de constitucionalidad”, concluyó.
