(OPINIÓN) Petro: el presidente ilegítimo. Por: José Ignacio Penagos H.

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia ha estado rodeada de denuncias, irregularidades y señalamientos que ponen en tela de juicio la legitimidad de su mandato. A lo largo de su campaña y en el ejercicio de su gobierno, han surgido pruebas y testimonios que apuntan a violaciones graves al Código Nacional Electoral, así como a la connivencia con actores ilegales que comprometen la integridad del sistema democrático.

Las acusaciones más graves señalan que Petro violó los topes de campaña, ocultando ingresos provenientes de narcotraficantes y organizaciones criminales. Estos recursos habrían sido utilizados para financiar publicidad, pagar testigos electorales y costear servicios de transporte, como un avión que nunca fue reportado. Asimismo, se habla de donaciones clandestinas provenientes de sindicatos, pirámides financieras ilegales y grupos delincuenciales y personas relacionadas con el narcotráfico, especialmente de la Costa Atlántica, donde obtuvo un apoyo abrumador.

Además, las investigaciones han vinculado a su hijo Nicolás Petro con el ingreso de esos dineros provenientes del narcotráfico, un escándalo que ha sacudido al país y que refleja cómo la corrupción no solo afectó la campaña presidencial, sino también su círculo familiar más cercano.

La figura de la “paz total”, pilar del gobierno de Petro, tiene sus raíces en el llamado “pacto de la Picota”, una estrategia gestada desde la campaña para garantizar apoyo político a cambio de beneficios legales para delincuentes, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. A través de su hermano Juan Fernando Petro y personajes como la exsenadora Piedad Córdoba, se tejieron acuerdos con estos grupos desde las cárceles, comprometiendo la justicia y el Estado de derecho.

Este pacto, que ahora se disfraza de diálogos de paz, ha resultado en un debilitamiento de las Fuerzas Militares y un fortalecimiento de las estructuras criminales, a las que se les otorgan prebendas y legitimidad mientras continúan asesinando, secuestrando y traficando como ocurre con el ELN y las diferentes facciones de las FARC.

Pese a las múltiples denuncias, el gobierno de Petro ha maniobrado para impedir investigaciones serias sobre sus presuntas irregularidades. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cooptada por el Pacto Histórico, ha frenado cualquier avance en las pesquisas relacionadas con la violación de los topes de campaña. De igual forma, se ha buscado bloquear con descalificaciones y acciones jurídicas al Consejo Nacional Electoral, asegurando que no se pueda actuar en su contra y que como presidente, no se le puede tocar dando a entender que es el todopoderoso, en múltiples declaraciones propias de los dictadores.

El ilegítimo presidente Gustavo Petro sabe que su ascenso al poder está manchado por estas violaciones. Sin embargo, su estrategia ha sido desviar la atención, calificando cualquier crítica como un intento de golpe de Estado, una narrativa que busca blindarlo políticamente y movilizar a sus bases en las calles.

La afinidad de Petro con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no es casualidad. Desde su llegada al poder, Petro ha mostrado una actitud tibia frente a las atrocidades cometidas por el chavismo-madurismo, evidenciando su intención de replicar muchas de estas estrategias en Colombia. Maduro, en cierto modo, ha sido su aprendiz, mientras que Petro, su maestro, observa el deterioro del vecino país como un experimento para sus propios fines políticos en Colombia, incluida la posibilidad de una reelección o la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que perpetúe su proyecto político; proyectos que él niega, pero que los suyos avanzan soterradamente.

Ante este panorama, Colombia enfrenta una encrucijada histórica. La oposición política, los gremios, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen la responsabilidad de desmontar la narrativa oficialista ilegítima, proteger el sistema electoral y evitar que el país caiga en una dictadura disfrazada de democracia es como lo llaman los petristas, una “democracia radical”.

La experiencia venezolana vivida por estos días ha dejado lecciones claras: la única forma de frenar el avance de regímenes autoritarios es mediante la unidad, la vigilancia ciudadana y la defensa activa de las instituciones democráticas. Es imperativo que el país se mantenga alerta, porque el verdadero golpe no vendrá de las calles, sino desde el mismo poder que ahora ostenta el presidente ilegítimo.

Estamos advertidos.