(OPINIÓN) La estrategia de sembrar dudas sobre el sistema electoral. Por: José Ignacio Penagos H.

En Colombia parece haber comenzado una peligrosa campaña de desinformación promovida desde sectores del poder. El presidente de la República, Gustavo Petro, junto con movimientos políticos como el Pacto Histórico, Colombia Humana y diversas figuras de la izquierda radical, han iniciado una narrativa destinada a sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral colombiano. Se trata de una estrategia que, más que fortalecer la democracia, amenaza con erosionar la confianza pública en una de las instituciones más importantes del país.

Históricamente, el sistema electoral colombiano ha sido considerado sólido y confiable. Así lo han reconocido múltiples misiones internacionales de observación electoral que, en diferentes momentos de la historia reciente, han evaluado los procesos electorales del país y acompañado los procesos. Estas misiones han destacado la organización, la transparencia y los mecanismos de control que caracterizan las elecciones en Colombia. No se trata de un sistema perfecto, pero sí de uno que ha demostrado garantías suficientes para la competencia democrática.

Resulta, por lo tanto, contradictorio que quienes hoy ocupan el poder y han sido elegidos mediante ese mismo sistema pretendan deslegitimarlo ahora. El presidente de la República ha arremetido reiteradamente contra los operadores tecnológicos del sistema electoral, contra la Registraduría y contra el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ese mismo aparato institucional fue el que permitió su trayectoria política, garantizando su votación, al punto que lo llevó a ser congresista, posteriormente alcalde de Bogotá y, finalmente, presidente de la República.

Durante décadas, el sistema electoral fue suficiente para validar sus triunfos. Ahora, de manera repentina, se pretende presentar como un mecanismo sospechoso o manipulable. La pregunta que surge es evidente, ¿qué cambió realmente? La respuesta parece estar más relacionada con una estrategia política, que con evidencias concretas de irregularidades estructurales y lo único manipulable es la opinión pública a fin de confundir o justificar como fraude una posible derrota.

El discurso del supuesto fraude masivo comienza a instalarse en la opinión pública sin pruebas verificables. Paradójicamente, mientras se promueve esa narrativa, continúan abiertas investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en las campañas que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, al parecer, de manera ilegal. Incluso se ha discutido la posibilidad de que organizaciones políticas como Colombia Humana y el Pacto Histórico busquen mecanismos de fusión tras cuestionamientos por presuntos excesos en los topes de financiación de campaña, algo que habrían ya aceptado, pues prefieren pagar las millonarias multas aceptando en efecto actuaron ilegalmente y que fue también ilegal la elección de Petro, siempre y cuando se puedan fusionar para buscar ser la primera fuerza política del país y atornillarse en el poder imponiendo su ideología.

A pesar de estos señalamientos, son las instituciones y el sistema que hoy cuestionan, lo que ha permitido que el gobierno ejerza plenamente su mandato. Ni los organismos judiciales ni el propio sistema electoral han obstaculizado el ejercicio del poder presidencial de Petro, pese a haber sido elegido irregularmente, lo que demuestra que las garantías institucionales continúan funcionando.

Sin embargo, el debate ha escalado a un nuevo nivel. Desde sectores de la izquierda se ha planteado la idea de crear una especie de “registraduría paralela”, el comienzo de un “paraestado” por fuera de los mecanismos considerados en las normas y la ley, lo que en la práctica implicaría construir estructuras alternativas de conteo electoral que desautorice y controvierta como estrategia, los resultados oficiales en caso que los resultados les sean adversos. Se están preparando. Una propuesta de esa naturaleza abriría la puerta a un escenario de confusión institucional y a la posible deslegitimación preventiva de cualquier resultado electoral adverso.

A esto se suma el anuncio de estrategias como una “impugnatón”, basada en la presencia masiva de testigos electorales que tendrían la misión de impugnar miles de mesas en todo el país, aun sin pruebas, en caso de considerar que van perdiendo las elecciones. Se trata de un mecanismo de testigos electorales legítimos en donde la acción de control, podría convertirse, en ese contexto, en una herramienta para saturar el sistema y generar caos administrativo.

El mensaje implícito parece claro. Si los resultados favorecen al oficialismo, se celebrará la voluntad popular; si no, se denunciará fraude. Este tipo de narrativa ya ha sido utilizada en otros países de la región para debilitar instituciones democráticas y justificar crisis políticas prolongadas. No es nuevo y el librero está escrito desde el Foro de São Paulo, desde tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro.

Colombia enfrenta así un momento delicado. La confianza en las reglas del juego es el fundamento de cualquier democracia. Cuando quienes gobiernan comienzan a cuestionar sin pruebas el sistema, incluso antes de que se desarrolle las elecciones, bajo el mismo mecanismo que los llevó al poder, lo que realmente se pone en riesgo no es una elección específica, sino la estabilidad institucional del país.

Los ciudadanos están advertidos de la “jugadita” de la izquierda y del presidente Petro y son los ciudadanos los que tendrán la última palabra en las urnas. Pero también tendrán la responsabilidad de defender la legitimidad del sistema democrático frente a cualquier intento de erosionarlo mediante la desinformación o el cálculo político.