El jefe del sindicato

Por: Jorge Enrique Vélez

Petro puso en peligro no solo la estabilidad de su gobierno, sino también la de las demás ramas del poder público.

En la historia política de Colombia, al menos en los últimos años, no se había visto que un jefe de Estado actuara de manera tan ilegítima e inmoral, al presionar a otra rama del poder público, en este caso, la judicial, representada por la honorable Corte Suprema de Justicia, para que designara un fiscal de la nación de una terna de su preferencia.

Para lograr este objetivo, utilizó su poder como gobernante para movilizar a manifestantes, en su mayoría miembros de los más de 500 sindicatos de empleados gubernamentales, a las calles para respaldar sus presiones y asegurarse de que el fiscal general fuera elegido, evitando así la posibilidad de que la vicefiscal Mancera, a quien considera su enemiga por haber actuado contra personas cercanas a él y a su campaña presidencial, ascendiera al cargo de titular encargada.

Con esta actitud, que parecía más propia de un líder sindical que de un presidente de la República, puso en peligro no solo la estabilidad de su gobierno, sino también la de las demás ramas del poder público, particularmente la judicial, lo que generará graves consecuencias que se irán manifestando con el tiempo.

Gustavo Petro, como presidente de la República, al ejercer presión sobre las otras ramas del poder, tendrá que gobernar enfrentando las siguientes consecuencias:

La crisis Constitucional resultó del empleo de funcionarios estatales, mayoritariamente sindicalistas, que lo respaldaban incondicionalmente, para generar un conflicto.

En este caso, se intentó influir indebidamente en el nombramiento de un fiscal de la nación, sin considerar las posibles consecuencias, como desencadenar una crisis Constitucional, la cual finalmente sucedió.

Los ciudadanos colombianos fueron testigos de las ramificaciones de estos eventos. El presidente, junto con sus ministros y funcionarios más cercanos, intentaron responsabilizar a los sindicatos, desvinculándose ellos de la convocatoria. Sin embargo, en su rol como jefe de Estado actuó guiado por su ideología, recordando su pasado como miembro de la guerrilla del M-19, lo que lo llevó a poner en riesgo y socavar el equilibrio de poderes y el Estado de derecho.

Conflictos políticos. Esta actuación irresponsable del Gobierno está generando consecuencias políticas, no solo en la rama judicial. Así se evidenció cuando los propios magistrados expresaron su malestar por la presión indebida que estuvo a punto de desencadenar actos delictivos, poniendo en peligro su integridad. Sin embargo, las mayores repercusiones se podrán vislumbrar en el Congreso de la República.

Estoy convencido de que, si ya tenía dificultades para mantener su coalición y lograr la aprobación de sus proyectos prioritarios, la presión indebida ejercida sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le acarreará graves problemas a partir del próximo 14 de febrero, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. Con esta actitud, el Gobierno ha intensificado los conflictos políticos y debilitado la estabilidad y gobernabilidad del país. El Congreso se va a solidarizar con la Rama Judicial.

Pérdida de confianza. Las acciones del presidente tendrán consecuencias significativas en términos de credibilidad, tanto para él, como para sus funcionarios más cercanos.

El hecho de utilizar a trabajadores del Estado sindicalizados para liderar marchas en contra de las decisiones judiciales, como en la elección de un fiscal general, y otras, ya las había utilizado anteriormente, ya socavó la confianza pública en la integridad del Gobierno y el sistema político en su conjunto.

Al interferir en las funciones de otras ramas del poder, con la judicial como objetivo inicial, pero probablemente seguido por el Congreso, el presidente enfrentará una pérdida de apoyo institucional y político, incluso entre sus propios congresistas, lo que podría llevar, seguramente, al fracaso de sus reformas sociales.

Las consecuencias para la ciudadanía serán un aumento en la oposición, manifestada a través de protestas y marchas que reflejarán un descontento generalizado. Eventos como los ocurridos recientemente en Barranquilla con la primera dama de la nación podrán ser más frecuentes, generando un clima de inestabilidad política en todo el territorio colombiano.

Pérdida de reputación internacional. A pesar de los esfuerzos del presidente Petro por proyectar una imagen de líder mundial, a través de sus propuestas de cambio climático en sus numerosos viajes internacionales, los acontecimientos recientes a nivel interno, como su interés de nombrar un fiscal, tendrán repercusiones en su imagen.

Esto dificultará las negociaciones y la participación en acuerdos internacionales, ya que muchos líderes y gobiernos podrían mostrar reticencia a comprometerse con un presidente cuya credibilidad está en entredicho.

Además, esto podría afectar las relaciones con los gobiernos que no son de la línea progresista, lo que, lamentablemente, se puede generar inestabilidad económica en el país.

Esta inestabilidad, junto con la desconfianza de los inversionistas extranjeros, provocará una desaceleración del comercio y un impacto negativo en la economía de Colombia, que había estado en un camino de estabilidad y recuperación en la escena internacional durante muchos años.

Estas son solo algunas de las posibles consecuencias. Cada situación es única y las ramificaciones específicas dependerán del contexto político, social y económico, y de cómo actúen el Gobierno y el presidente en el futuro.

Para concluir, la presión indebida de un presidente sobre una de las ramas del poder, como ya he explicado ampliamente, tendrá serias implicaciones para la estabilidad política, la confianza pública y el funcionamiento democrático de nuestro país.

El presidente es consciente, como lo demuestran los numerosos mensajes en sus redes sociales, tratando de explicar que él no tenía nada que ver con la convocatoria de la marcha, que nunca calculó que se le iba a escapar de las manos. Por esto trató de responsabilizar a sus propios amigos, que son los miembros de sus aliados sindicatos.

Hoy, estos aliados, aunque no lo demuestran, seguramente se sienten engañados, al igual que aquellos pocos que lo acompañaron en su llamado, pues actuó más como un líder sindical, intentando forzar a la Corte en sus deseos y evitar, a toda costa, que la vicefiscal Mancera ocupara el cargo hasta que los magistrados tomaran una sabia decisión, desde su fuero, en cuanto a la elección de la próxima fiscal general de la nación.

Presidente Petro, esto salió mal y puso en peligro nuestra democracia. Es hora de reflexionar y comprender el juramento que profirió el día de su posesión: cumplir con la constitución y la ley en todas sus actuaciones como mandatario de la República, y no actuar como el PRESIDENTE DE UN SINDICATO.