¿Son confiables las encuestas?

Por Johel Moreno S.

Son muchas las encuestas que se han alejado de los resultados de las urnas, no son confiables y no aciertan porque no hay fórmulas matemáticas ni método científico alguno que asegure anticipar cuál será el resultado de unas elecciones; basta recordar algunas de ellas:

.-Las del 2002, en las que Horacio Serpa (q.e.p.d.) figuraba como vencedor, por encima de Álvaro Uribe y Noemí Sanín. El primero terminó siendo el vencedor de la contienda.

.-Cuando en el 2006, las encuestas afirmaban que sería necesaria una segunda vuelta, Uribe ganó en la primera.

.- Y para rematar: mientras en el plebiscito del 2 octubre del 2016, todas las firmas encuestadoras aseguraban un contundente triunfo del SI con un 65%  en promedio –a favor del Acuerdo de paz–, los electores dijeron NO en las urnas.

Entonces, ¿por qué asegurar que las respuestas de 2.500 o 5.000 personas encuestadas, son el reflejo de lo que piensa todo un país de 38.81 millones de electores aptos para  votar y que basta con seleccionar 50 o 60 municipios representativos y, en cada uno de ellos, preguntar a 50 o 100, cuál de los candidatos que están en el partidor presidencial es el de su preferencia y, con base en las respuestas, extrapolar los resultados y afirmar que así piensan los millones de colombianos y además garantizar un margen de error del  orden del 3%?

Argumentan que la tal extrapolación se fundamenta en la ley de los grandes números; como si fuese tan fácil invocar la probabilidad de ocurrencia de la repetición del experimento en un asunto tan trascendental como la opinión ciudadana.

Es probable que las encuestas de alguna manera estén influyendo en los electores indecisos y que empiecen a favorecer a quienes las lideran, por aquello del denominado bandwagon, el efecto vagón, y que otros electores terminen adoptando la conducta de las mayorías o adhiriendo a una causa prometedora, haciendo lo que hacen los demás.

La verdad es que para las firmas encuestadoras no existe ley, pero sí un vacío legal que se presta a que algunas empresas manipulen a la opinión pública con la divulgación de datos no confiables.

Y es al Congreso de la República al que le compete dar curso a un proyecto de ley sobre la materia; que una autoridad como el Consejo Nacional Electoral regule y obligue a adoptar rigurosos protocolos para la elaboración técnica de las encuestas y su divulgación y evite que un simple sondeo de opinión sea calificado como el vaticinio de lo que piensa el país.

Explicable entonces hoy cuando, a pocos días de la contienda electoral, aparecen «resultados» contradictorios respecto a los cuales, afirman algunos, como ha ocurrido antes, que el puntero actual no será de vencedor y de nuevo las encuestas serán derrotadas en las urnas.