Los dueños de la energía exigen modificar la ley

Por Johel Moreno S.

La zona de los embalses de oriente se quedó con unas vías obsoletas y sin mantenimiento que deben soportar una carga de tráfico de 12 000 vehículos durante los fines de semana.

Al precario estado de la vía de acceso a los embalses de oriente se le suma otro hecho más: el cierre de la carretera al Peñol en el K12+500 por pérdida de banca y en consecuencia, el aislamiento de los municipios de Guatapé, San Rafael y los embalses. Esta situación, que colapsó la economía de la zona, ha obligado a muchos ciudadanos a usar el trasbordo como único recurso y, en fila india, caminar por una estrecha faja, operación que pone en riesgo su integridad.

Mientras la secretaría de infraestructura del departamento acelera la reconexión, recomienda utilizar opciones alternas como las de San Vicente, Santuario o Granada. Como si fuera tan fácil: las tales vías son otras trochas intransitables por las cuales resulta una aventura transitar.

Y la economía de la región se debilita, pues desde la inundación con el embalse de Guatapé hace ya más de 50 años, se cambió su vocación por la del turismo como la nueva fuente de ingresos, generación de empleo y bienestar de la comunidad. Pero esa transformación, sin una adecuada infraestructura que le haga frente al alto crecimiento y a la demanda de servicios, se quedó corta, obsoleta y sin mantenimiento, razón por demás suficiente para que la inmensa carga de tráfico, superior a 12 000 vehículos en fines de semana, registre altos índices de accidentalidad, multiplique los tiempos de viaje y la impaciencia de los usuarios en una vía que, además de haber superado su capacidad operativa, presenta fallas geológicas que continúan amenazando su estabilidad.

La región de los embalses en justicia, debe disponer de buenas vías, pues siendo los verdaderos dueños del recurso hídrico, “de los aguaceros”, hasta ahora solo han sido testigos de su explotación por parte de EPM e Isagen.

Es urgente gestionar ante el Congreso una ley que corrija esa injusticia, hoy plasmada en la ley del medio ambiente, la 99/93, para que los municipios donde se han construido los grandes desarrollos hidroeléctricos y se genera la energía que mueve la economía del país, reciban, como contraprestación por la explotación del recurso, unas regalías justas, que no “las bicocas”(al Peñol le giraron $ 3.289 millones en el 2021), para cuidar las cuencas hidrográficas.

Esas cifras, contrastan rabiosamente con las billonarias transferencias de EPM al municipio de Medellín, que en el 2021 fue de $1.4 billones, o sea $3.836 millones diarios; esas sí de libre destinación por la “venta de los aguaceros de los pueblos”, para gastarlos en lo que al alcalde le dé la gana, como la pintura del puente de la 4sur cuyo valor fue de $1.800 millones o el arreglo navideño que este año se sitúa en $22.000 millones.

De nada han valido las presentaciones a la gobernación de algunos alcaldes del oriente sobre la urgencia de una vía sustitutiva, competente y moderna (en doble calzada), una opción que partiría del K38 de la autopista, utilizaría el camino Alcaravanes de Marinilla, seguiría por la margen derecha del Nare y en tan solo 10 minutos llegaría a la zona de los embalses.

Hay que pensar en un nuevo modelo que haga partícipe y beneficie las regiones donde se genera la energía y así conjurar ese centralismo de poder y de inversión exclusiva en la ciudad capital.