(INVESTIGACIÓN) Juzgado de Medellín condena al Distrito por feminicidio de hermana Susana Boreal: Un fallo que expone negligencias de Daniel Quintero

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín emitió un fallo el 4 de octubre de 2024, en el cual declara al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, junto con varias entidades de la Alcaldía, como responsables administrativos del feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño, hermana de la congresista Susana Gómez conocida como Susana Boreal, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Esta sentencia representa un fuerte llamado de atención a las autoridades locales por las múltiples negligencias cometidas en la protección de las víctimas de violencia de género, subrayando el deterioro de los mecanismos de atención y respuesta en estos casos críticos.

El caso que conmocionó a Medellín

Claudia Patricia Gómez Castaño, de 40 años, fue asesinada en su propia vivienda por su esposo, quien irrumpió en la madrugada del 15 de noviembre de 2017 y le disparó frente a sus hijos. El feminicidio marcó un antes y un después en la discusión pública sobre la eficacia de las medidas de protección frente a la violencia intrafamiliar.

La hermana mayor de la actual senadora Susana Boreal había denunciado previamente a su agresor en la Comisaría de Familia de la Comuna 12 de Medellín tras años de maltratos. Apenas una semana antes de su asesinato, Claudia acudió a las autoridades en busca de una medida de protección, pero, como lo ha evidenciado este fallo, las acciones emprendidas fueron insuficientes para evitar el fatal desenlace.

Negligencias institucionales

El fallo revela que las entidades responsables, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Subsecretaría de Gobierno Local, no cumplieron con los protocolos de protección de la víctima. Pese a que la Comisaría de Familia ordenó que el agresor se mantuviera a 200 metros de su esposa y no ingresara a la vivienda, la comunicación con la Policía fue deficiente. Un oficio clave, que debía alertar a las autoridades policiales sobre la situación de Claudia, nunca llegó a su destino por problemas logísticos, lo que permitió que su esposo regresara a la casa para asesinarla.

El feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño ha servido para poner bajo la lupa las graves fallas en la coordinación entre entidades, exponiendo la falta de celeridad y contundencia en la implementación de medidas de protección en casos de violencia de género.

La estrategia de defensa de la Alcaldía de Daniel Quintero: revictimización

El proceso judicial que comenzó en 2020 trajo consigo una serie de controversias cuando la Alcaldía de Medellín, bajo la administración de Daniel Quintero, adoptó una postura que revictimizó a la familia de Claudia. En su defensa ante el tribunal, la Alcaldía argumentó que, aunque habían proferido las medidas restrictivas contra el esposo de Claudia, ella misma había faltado al “autocuidado” al “acceder” a encontrarse con su agresor, una afirmación que causó indignación.

La senadora Susana Boreal y los familiares de Claudia rechazaron enérgicamente en su momento, esta estrategia legal, que no sólo buscaba evadir responsabilidades, sino que también culpabilizaba a la víctima por su propia muerte. Este enfoque puso en entredicho el compromiso de la administración local con la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, sobretodo proveniente de Quintero, supuesto defensor progresista de los derechos de las mujeres y aparentemente cercano a Boreal..

Quintero, al ser interrogado sobre este posicionamiento, intentó desmarcarse del asunto, señalando que la responsabilidad recaía en la administración anterior, bajo el mandato de Federico Gutiérrez, dado que los hechos ocurrieron durante su periodo. Sin embargo, su intento de evadir responsabilidad solo profundizó el malestar público.

Las repercusiones del fallo

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín no solo responsabilizó a las entidades involucradas, sino que también las condenó a pagar una indemnización a los 11 hijos de Claudia Patricia Gómez Castaño, de los cuales nueve son menores de edad. El monto total de la indemnización asciende a 1.800 millones de pesos entre ellos, 278 millones de pesos por concepto de lucro cesante, un recurso económico vital para la familia que quedó devastada tras el asesinato.

Adicionalmente, el fallo ordena que las entidades responsables emitan disculpas públicas en un acto solemne, en el que reconozcan sus fallas y la tragedia ocasionada por su negligencia. La ejecución de este acto simbólico deberá ser coordinada por el ente territorial.

El rol de la Aseguradora Solidaria de Colombia

La indemnización impuesta por el Juzgado será pagada a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia, bajo el amparo de la póliza de responsabilidad civil número 848-80-994000000001. Esta decisión asegura que los recursos lleguen a la familia de Claudia, quienes han tenido que soportar no solo la pérdida de su madre, sino también la indiferencia y revictimización por parte de las autoridades de la administración de Daniel Quintero.

Una herida que sigue abierta

Este caso ha sido un claro ejemplo de cómo las instituciones fallan en proteger a las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar. María Clara Gómez, hermana de la víctima, expresó en su momento a medios locales, que aunque la condena al agresor fue un paso necesario, el dolor de la familia no ha sido mitigado. Para ellos, la falta de actuación oportuna por parte de la Policía y la Comisaría de Familia sigue siendo un motivo de frustración.

“La Policía ni siquiera fue notificada. No podemos entender cómo, después de haber hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer, no hubo ninguna acción que pudiera haber evitado lo que pasó. Mi hermana murió por la inoperancia del sistema”, declaró María Clara en su momento.

Un feminicidio que expone una crisis en la protección de mujeres en riesgo

El feminicidio de Claudia Patricia Gómez Castaño es un reflejo de la crisis que atraviesan las instituciones en cuanto a la protección de mujeres en riesgo. Pese a que en Colombia existen mecanismos legales para atender estos casos, la falta de coordinación y los problemas estructurales dentro de las entidades responsables siguen poniendo en peligro a miles de mujeres.

Susana Boreal, quien desde su rol en el Congreso ha luchado por visibilizar estos casos, afirmaba que la lucha por la justicia para su hermana no es solo una cuestión personal, sino una batalla que busca que los derechos de las mujeres sean garantizados de manera efectiva.

“Queremos que esto no vuelva a suceder, que no haya más Claudias que pierdan la vida porque las autoridades no actuaron a tiempo. Estamos luchando por cambios reales, por protocolos que se cumplan, y porque las víctimas sean escuchadas y protegidas”, manifestaba la parlamentaria.

Otros aspectos ordenados por el fallo para la no repetición

El juzgado además ordenó al Distrito a atender con tratamiento psicológico por parte del personal especializado a fin de que superen los traumas que dejaron sobre ellos los hechos ocurridos el día 15 de
noviembre de 2017. Igualmente ordenó al Distrito a que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia, a través de una política pública, imparta capacitación a todos los funcionarios y empleados de las Comisarías de Familia del ente Territorial con la vinculación de la Comisión Nacional de Género de la
Rama Judicial, insistiendo en la obligación de aplicar la perspectiva de género cuando existen los casos de violencia intrafamiliar.

En el mismo sentido ordenó al Distrito a publicar la sentencia en la página web, a fin de que, en situaciones semejantes, se realicen todas y cada una de las actuaciones ordenadas en las normas
que reglamentan lo relacionado con los actos de violencia intrafamiliar, en especial remisión y seguimiento de lo correspondiente a las
autoridades de policía y judiciales.

Además, ordenó que desde la Alcaldía se constituya una veeduría de la aplicación de la política pública que
se vaya a llevar a cabo a través de la Secretaría de la Mujer del Distrito convocando y vinculando al Colectivo de Mujeres y Distintas Corporaciones de la Mujer que propenden con y por el trabajo desde la
perspectiva de género.

Este fallo podría ser apelado, pero marca un precedente importante en la lucha por la justicia en casos de violencia de género en Medellín. Aunque tardío, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de las autoridades locales y la condena impuesta a las entidades responsables representa un paso en la dirección correcta, pero deja al descubierto la necesidad urgente de reformar los mecanismos de protección a las mujeres en riesgo.

La familia Gómez, mientras tanto, sigue enfrentando las secuelas de esta tragedia. Con 11 hijos que quedaron huérfanos tras el feminicidio de su madre, la batalla legal ha sido solo una parte del largo camino hacia la reparación. Este fallo es, al menos, un reconocimiento de las múltiples fallas que llevaron a la muerte de Claudia, y una advertencia a las instituciones para que cumplan con su deber de proteger a quienes más lo necesitan.

Conozca a continuación el fallo al que se le han suprimido los nombres de los hijos por su condición de ser menores de edad y como responsabilidad periodística para no revictimizarlos.:

UNIDAD INVESTIGATIVA con el apoyo del periodista Eddy Banoy