lunes, abril 7, 2025
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Incertidumbre judicial por posible nuevo aplazamiento en audiencia de Daniel Quintero

Personería rendición cuentas

La audiencia de imputación de cargos penales contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y trece exfuncionarios de su administración, podría volver a aplazarse este martes 8 de abril. Así lo advierten fuentes cercanas al proceso, que señalan una presunta estrategia para dilatar el avance judicial del caso Aguas Vivas.

La diligencia está programada para las 2:10 p. m. en Medellín y busca imputar cargos por peculado por apropiación y otros delitos. Sin embargo, versiones internas apuntan a que uno de los abogados defensores ya tendría lista una nueva excusa, lo que impediría que la audiencia se realice por tercera vez consecutiva.

La primera postergación se dio por un compromiso académico del exalcalde. En la segunda, la defensa de uno de los exsecretarios alegó falta de preparación. Ahora, se presume que se presentará una nueva justificación por parte de otro integrante del equipo jurídico, en una supuesta táctica para evitar el avance del proceso.

Desde la Fiscalía se advierte la preocupación por lo que se considera un intento deliberado de trasladar el caso a Bogotá, donde según las fuentes se buscaría la asignación de un juez más favorable para la defensa. Esta posibilidad ha generado inquietud entre las víctimas acreditadas, que temen un entrampamiento judicial.

Pese a las demoras, la Fiscalía ha seguido la recolección de material probatorio. De acuerdo con información conocida por IFMNOTICIAS, en los últimos días se han sumado testimonios y documentos que podrían comprometer aún más a los implicados. Incluso se habla de una posible imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y de una eventual solicitud de medida de aseguramiento intramural contra Daniel Quintero por riesgo de obstrucción a la justicia o fuga.

La audiencia de este martes será crucial. De llevarse a cabo, marcaría un hito en el desarrollo del proceso penal. De volver a suspenderse, quedaría en evidencia un patrón que podría debilitar la confianza en el sistema judicial y prolongar indefinidamente la rendición de cuentas por los hechos investigados.

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