(OPINIÓN) Centrar la ley de competencias. Por: Héctor Quintero Arredondo

La reforma constitucional de 2024, dispuso la expedición de una nueva ley de competencias para el Estado Colombiano, en sus niveles central, departamental, municipal y de territorios indígenas.
Como quien dice. Baraje y vuelva a dar.

Pero la verdad es que veo confundidos a los actores naturales del proceso, aun a los dolientes: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, congresistas y ni que decir de la ciudadanía que debería estar discutiendo el tema de la organización territorial, que regirá para su vida o al menos un largo trecho de ella.

Es como si el tema se hubiera congelado. Se sigue teorizando sobre centralización, competencias en abstracto, listado de necesidades, en fin, teoría y más teoría.

Resulta que este año tiene que presentarse el proyecto de ley y empieza a retardarse la hora del aterrizaje.
La época de la teoría pura ya pasó. Ahora se impone la práctica. Urge propuestas sobre:
La repartición de competencias entre Nación, departamentos, municipios y territorios indígenas. La definición de escenarios para el análisis que se vendrá y el entendimiento sobre los principios de subsidiaridad, coordinación y concurrencia, vitales para aplicar la prospectiva del nuevo Estado, que, en materia territorial, debe reorganizarse en quince años, que por cierto ya empezaron a correr.

Consagrar la garantía de la entrega de recursos, ojalá automática a partir del recaudo.
Definir una nueva formula para invertir los recursos en las competencias que en adelante se llamaran priorizadas (educación, salud, agua potable, saneamiento básico). En este punto habrá que examinar con lupa la propuesta del gobierno, que en su lenguaje habla de solidaridad, territorios y poblaciones…

Concretar los “aspectos adicionales” que pueden atenderse con las participaciones. A partir de qué monto pueden entenderse y como se pueden invertir.
Describir el concepto de “incentivos” a los cuales puede acudirse para acelerar el proceso. Lo mismo sobre los “programas de apoyo” al robustecimiento de las entidades territoriales para asumir la asimetría y reducirla.

Construcción del sistema de monitoreo y control social, en especial con el fortalecimiento de veedurías cívicas. Estructuración del llamado “gobierno abierto”, con base en la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana y comunitaria.
Consagración de la autonomía, entendida como el traslado del poder político para el autogobierno, para permitir que las entidades territoriales diseñen y manejen sus asuntos, en condiciones de creatividad y exigencia.

Diseño del sistema para desmontar la duplicidad funcional que hoy replica el esquema organizacional en todos los niveles y en cada uno permite los flagelantes vicios de las frondosas burocracias, los perversos retenes y la descoordinación en materia de planeación. Este desmonte debe ser público, constatable.

Disminución del poder central que hoy- a pesar de la reforma- sigue pareciendo excesivo y en mi opinión inconstitucional.

Seguro que faltan temas; pero sobran materias para empezar la tarea.