Hasta el 31 de mayo se aplicará la Ley de Garantías Electorales en Colombia

La Ley de Garantías Electorales comenzó a regir el 8 de noviembre de 2025 y se aplicará hasta el 31 de mayo del presente año, abarcando todo el periodo previo a las elecciones presidenciales previstas para ese mismo año.

La normativa, según sus autores, tiene como objetivo principal garantizar la transparencia en la contratación pública y evitar que los recursos del Estado se utilicen para favorecer campañas políticas, asegurando igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.

En cuanto a las restricciones, durante este periodo las entidades no podrán celebrar contratos de manera directa sin convocatoria pública, ni suscribir convenios interadministrativos que contemplen la ejecución de recursos públicos, y tampoco podrán destinar recursos estatales para beneficiar a candidatos o partidos en campaña electoral.

Estas disposiciones, según se ha señalado, buscan garantizar la equidad entre los aspirantes y evitar que la contratación pública modifique las condiciones de competencia en el proceso electoral.

Para fortalecer la correcta aplicación de la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional realizó el año pasado la primera Gran Maratón de Capacitaciones, liderada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora de la Función Pública, Mariella Barragán; y el director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla.

La iniciativa, de acuerdo con información oficial, permitió que miles de ciudadanos y funcionarios conocieran las disposiciones y excepciones de la ley, con el fin de asegurar su cumplimiento efectivo durante todo el periodo de vigencia.

El director de Colombia Compra Eficiente, Cristóbal Padilla, explicó que la publicación de la Circular Externa 006 de 2025 tuvo como propósito aclarar a las entidades estatales y a la ciudadanía cómo debe aplicarse la norma, cuáles son sus excepciones y cuáles son las fechas clave durante su vigencia.

Según Padilla, el objetivo es que los procesos de contratación estatal se mantengan transparentes y libres de influencias políticas en el marco del calendario electoral, y que tanto funcionarios como contratistas comprendan plenamente sus obligaciones.

En ese sentido, durante la aplicación de la Ley de Garantías, que se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026, las entidades podrán continuar con la ejecución de contratos y convenios firmados antes del inicio de las restricciones, así como adelantar procesos de selección mediante licitación pública, concursos de méritos y procedimientos de mínima cuantía.

Además, se permitirá la suscripción de contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas o sanitarias y la reconstrucción de infraestructura afectada por desastres o situaciones de fuerza mayor. También podrán celebrarse convenios con organismos internacionales, siempre que se ajusten a los reglamentos de dichas entidades.