Diversos sectores productivos y gremios empresariales solicitaron a la Corte Constitucional que, en caso de que el Gobierno expida decretos bajo la figura de emergencia económica, convoque sesiones extraordinarias para analizar de manera inmediata su legalidad. La petición se sustenta en la facultad del alto tribunal de reunirse en días no laborales cuando las circunstancias lo exigen, ante lo que consideran un debate de alta relevancia institucional.
Las organizaciones manifestaron su preocupación por el anuncio del Ejecutivo de acudir a un estado de excepción para enfrentar la actual crisis fiscal. A su juicio, las condiciones que atraviesa el país no cumplen los criterios constitucionales para declarar una emergencia económica, figura reservada para situaciones excepcionales y sobrevinientes.
Cuestionamientos a la figura de emergencia
Uno de los pronunciamientos más detallados fue el de la Cámara Colombo Americana, encabezada por María Claudia Lacouture. La entidad reconoció la fragilidad de las finanzas públicas, pero advirtió que esta realidad no configura, por sí sola, un escenario constitucional de emergencia. Según explicó, el problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, y se origina en decisiones de gasto y endeudamiento que deben corregirse mediante política fiscal ordinaria, no a través de poderes extraordinarios.
Los gremios también señalaron que la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento no puede considerarse un hecho extraordinario. Recordaron que el control político y la posibilidad de que el Legislativo rechace iniciativas del Ejecutivo hacen parte del funcionamiento normal de la democracia y no habilitan, por sí mismos, un estado de excepción.
Herramientas ordinarias aún disponibles
Otro de los argumentos expuestos es que el Gobierno aún cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar el déficit fiscal. Entre ellos, mencionan la posibilidad de reasignar recursos, recortar gasto improductivo y ajustar un presupuesto que, según señalan, creció por encima de la inflación. En ese sentido, sostienen que no se puede alegar una emergencia sin haber agotado previamente estas alternativas.
A ello se suma el margen existente en materia de administración tributaria. Los gremios consideran que fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión, cerrar vacíos normativos y mejorar la gestión de la DIAN son medidas que no requieren un estado de excepción, sino capacidad técnica y consensos institucionales.
Rol de la Corte Constitucional
Los solicitantes recordaron que la jurisprudencia de la Corte ha sido clara al establecer que la emergencia económica es temporal y debe responder a choques súbitos, como desastres naturales o crisis inesperadas, y no a problemas estructurales ni a reformas de fondo al sistema tributario por decreto.
En este contexto, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando la posibilidad de convocar una sala plena extraordinaria la próxima semana, en caso de que el Gobierno expida el decreto de emergencia. El objetivo sería iniciar de manera urgente el estudio del tema, dada
