La salida se conoció el pasado martes 31 de marzo, luego de que la Procuraduría General de la Nación levantara la suspensión que lo mantenía apartado de sus funciones.

Según declaraciones del propio Mejía, la dimisión fue radicada el pasado 3 de marzo, el mismo día en que fue notificado de su reintegro. Indicó que acudió a la entidad para firmar el acta correspondiente y, posteriormente, presentó su renuncia en un lapso corto de tiempo. La suspensión hacía parte de un proceso disciplinario en curso relacionado con los señalamientos.

El caso en el que fue mencionado el exfuncionario se originó a partir de información contenida en dispositivos electrónicos incautados durante un operativo militar realizado el 23 de julio de 2024 en zona rural de Anorí. En esa acción, tropas del Ejército interceptaron una caravana en la que se movilizaban integrantes de una estructura armada, entre ellos cabecillas, además de material de guerra, dinero en efectivo y equipos tecnológicos.

Entre los elementos recuperados se encontraban computadores, memorias USB y teléfonos móviles. El análisis de estos dispositivos derivó en menciones a funcionarios del Estado, incluido Mejía, así como al general del Ejército Juan Miguel Huertas. La información obtenida forma parte de las indagaciones que adelantan las autoridades.

Tras el operativo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la libertad de varios de los capturados, al señalar que tenían la condición de gestores de paz. Entre las personas que recuperaron la libertad se encuentran alias “Calarcá”, su compañera Erika y otros integrantes identificados como alias Ramiro y Urias Perdomo. Los dispositivos incautados permanecieron bajo custodia para su análisis.

De acuerdo con la información conocida, los archivos han estado en poder de la Fiscalía durante varios meses. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el avance de las investigaciones, en particular por la ausencia de resultados concluyentes frente a los presuntos vínculos que se investigan.

Frente a los señalamientos, Mejía ha negado cualquier relación con las disidencias. Ha manifestado que no conoce ni ha tenido contacto con alias “Calarcá” y que las versiones en su contra no corresponden a la realidad. También señaló que su actuación se ha ajustado a principios éticos y afirmó que existen inconsistencias en el proceso, sin detallar los aspectos específicos.

Petro se ha referido en distintas ocasiones al caso, respaldando tanto a Mejía como al general mencionado en las investigaciones. El mandatario solicitó a la Procuraduría revisar las medidas de suspensión adoptadas mientras avanzaban las indagaciones.

La Dirección Nacional de Inteligencia cumple funciones relacionadas con la recolección y análisis de información estratégica para la seguridad del Estado, por lo que los señalamientos han sido objeto de seguimiento institucional. Tras la renuncia de Mejía, las investigaciones disciplinarias y judiciales continúan en curso, con el análisis del material incautado y la verificación de los hechos que dieron origen al caso.

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