Petro cuestionó a la Corte tras frenar el decreto de emergencia económica y anticipó efectos fiscales

El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional el 22 de diciembre de 2025.

La determinación del alto tribunal se mantendrá vigente mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390, mediante el cual el Ejecutivo buscaba habilitar medidas excepcionales para atender la situación fiscal del país.

Tras conocerse la decisión, el jefe de Estado expresó su desacuerdo con la actuación de la Corte y señaló que la suspensión tendrá efectos directos sobre el manejo de las finanzas públicas. A través de su cuenta de X, Petro sostuvo que la medida impediría la aplicación de instrumentos dirigidos a obtener recursos adicionales y advirtió que la carga de la crisis podría trasladarse a otros sectores de la sociedad.

En su mensaje, el mandatario vinculó la suspensión del decreto con la protección de determinados patrimonios de alto valor y afirmó que las consecuencias de esta decisión se reflejarán en el debate político y fiscal que se dará en el próximo Congreso.

El Presidente también hizo referencia al impacto que, a su juicio, tendrán factores como las tasas de interés definidas por el Banco de la República y la dinámica de los mercados financieros. Según señaló, será la ciudadanía la que evalúe, con el paso del tiempo, los efectos derivados de estas decisiones institucionales sobre la economía nacional.

Cabe recordar que el Gobierno justificó la expedición del decreto de emergencia económica en una serie de circunstancias que, de acuerdo con el documento oficial, configuran una coyuntura fiscal excepcional.

Entre los argumentos expuestos se encuentran la necesidad de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación en el sistema de salud, el deterioro del orden público en varias regiones del país, la no aprobación en el Congreso de los proyectos de ley de financiamiento, los efectos de la ola invernal, así como sentencias judiciales en firme y obligaciones contractuales pendientes de pago.

El decreto también hacía referencia a restricciones en la capacidad de endeudamiento de la Nación, derivadas de la regla fiscal, a limitaciones en la caja de la Tesorería General y a impactos asociados a decisiones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos. En el texto, el Ejecutivo sostiene que estas circunstancias afectan la posibilidad de garantizar de manera continua la prestación de servicios públicos y el goce efectivo de algunos derechos.

No obstante, sectores políticos y gremiales cuestionaron desde un comienzo la declaratoria de la emergencia económica. Desde estas orillas se ha planteado que los hechos invocados por el Gobierno no cumplían con los criterios de sobreviniencia y excepcionalidad exigidos por la Constitución, y también criticaron que se atribuya al Congreso la responsabilidad por el hundimiento de las iniciativas de financiamiento presentadas para los años 2025 y 2026.