Ministra Irene Vélez anunció proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas afectaciones ambientales

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció que se abrirá un proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango por presuntas afectaciones ambientales registradas durante su operación, particularmente en el contexto de la emergencia asociada a un frente frío.

El anuncio se dio en entrevista con Julio Sánchez Cristo, en la que la jefe de la cartera ambiental explicó que la decisión responde a hechos identificados en el último año y que serán objeto de investigación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Durante la conversación, Vélez señaló que:

Este no es un tema personal, esto se trata de la función de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), en donde una de las más importantes es, precisamente, el control”. Asimismo, indicó que “nuestra función, en ese sentido, es asegurar que tenemos el cuidado ambiental máximo de forma tal que este, que es un bien colectivo y primario para toda la ciudadanía, nosotros lo cuidamos de la mejor manera.

La ministra explicó que la apertura del proceso sancionatorio se sustenta en tres situaciones específicas identificadas durante la operación del proyecto. La primera, según indicó, está relacionada con el manejo del caudal aguas abajo del embalse:

El primero tiene que ver con no haber controlado, adecuadamente, el caudal que se libera aguas abajo del embalse y eso tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río Aguasabá.

El segundo punto está asociado al cumplimiento de las reglas de operación del proyecto. De acuerdo con Vélez, la represa debe liberar aguas abajo el mismo caudal que se registra en la estación Olaya, ubicada aguas arriba. Sin embargo, señaló que se han identificado “presuntas fallas en esa coordinación entre lo que se libera aguas abajo y lo que se recibe aguas arriba”.

El tercer hecho señalado por la ministra corresponde al nivel del embalse durante el último año, incluyendo parte de marzo y todo febrero de 2026. Según explicó, se evidenció una elevación de la cota entre 408 y 409, superando el nivel permitido.

Esto puede ser muy técnico, pero expliquémoslo con mayor claridad: es la altura de llenado del embalse que está permitida en este momento, que es la 408. Sin embargo, la represa ha llegado hasta la altura 409 sin realizar, presuntamente, el debido aprovechamiento forestal, lo cual pudo haber implicado que se inundaran cerca de 600 hectáreas de vegetación y también afectando, por supuesto, la fauna que habita en este ecosistema.

Vélez precisó que el proceso sancionatorio no responde a decisiones inmediatas ni a motivaciones personales:

El proceso sancionatorio, además, es largo, o sea que esto no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer y, por eso mismo, no se puede considerar una retaliación, sino que es, por el contrario, un proceso de investigación que, en el caso de estos cargos, estarían hablando de presuntos hechos acontecidos durante el último año.

Finalmente, la ministra también afirmó que Hidroituango es “tal vez, el proyecto más sancionado en la última década”, en referencia a los antecedentes que ha tenido la iniciativa en materia de procesos ambientales.

En Antioquia, analistas y líderes de opinión han reaccionado a las declaraciones de la ministra, manifestando su rechazo y señalando que este anuncio sería una muestra más de lo que consideran una postura del Gobierno nacional en contra del departamento. Según han indicado, la decisión de avanzar en un proceso sancionatorio contra Hidroituango se interpreta como parte de una serie de actuaciones que, a su juicio, evidencian tensiones entre el Presidente y la región.