El pronunciamiento se produjo luego de la divulgación de grabaciones por Noticias Caracol que documentan reuniones entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el abogado del señalado contrabandista.

Según la respuesta oficial entregada al mismo medio, los acercamientos tuvieron como propósito exclusivo facilitar la localización de Marín y su traslado a Colombia. En la misma comunicación, la Presidencia indicó que durante estos procesos algunos agentes de inteligencia habrían incurrido en conductas irregulares, lo que derivó en su salida de las entidades correspondientes. En su comunicación, la Presidencia señaló lo siguiente:

"El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios:

Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito.

Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades.

La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro.

El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo.

Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.

Las grabaciones, registran al menos dos encuentros sostenidos a comienzos de 2025 entre Lemus y el abogado Luis Felipe Ramírez. Uno de ellos habría tenido lugar en instalaciones de la DNI, mientras que otro quedó consignado en material audiovisual en el que ambos aparecen en un establecimiento en Cartagena. Estos elementos hacen parte de un expediente judicial.

En los audios se recogen conversaciones sobre la posibilidad de que Marín entregue información a las autoridades. En uno de los fragmentos, se menciona que el investigado podría declarar sobre diferentes personas, mientras que su abogado advierte sobre las implicaciones de un eventual testimonio amplio.

El material también incluye referencias a contactos previos con personas cercanas al entorno de Marín. En las grabaciones se mencionan nombres como Ramón Devesa, Isaac Beltrán, Augusto Rodríguez y Gloria Arias, señalados como intermediarios en la transmisión de información. Según los registros, estos contactos habrían servido como canales de comunicación entre el círculo del investigado y personas vinculadas a instancias del Gobierno.

El contexto de estas reuniones se relaciona con declaraciones emitidas el 4 de febrero de 2025 por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien en un consejo de ministros señaló posibles intentos de ingreso de recursos de origen ilícito a la campaña presidencial. A partir de ese momento, se habrían intensificado los acercamientos documentados en los audios.

Tras la difusión de las grabaciones, Jorge Lemus sostuvo que las reuniones fueron realizadas por instrucción de la DNI y que su finalidad era avanzar en la ubicación de Marín. Posteriormente, presentó su renuncia a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cargo que ocupaba luego de haber dirigido la entidad de inteligencia.

Por su parte, el abogado Luis Felipe Ramírez indicó que los encuentros habrían sido promovidos por un delegado del Gobierno y que contaban con autorización presidencial, según las comunicaciones entregadas al medio.

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