El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la consulta popular será una estrategia central del Gobierno para impulsar las reformas sociales, especialmente la reforma laboral, en el marco de las elecciones de 2026.
La declaración fue realizada en una entrevista reciente en Bluradio, en la que el Ministro explicó que la iniciativa surge como respuesta a lo que denominó un «bloqueo institucional» por parte del Congreso.
Según Benedetti, la decisión de avanzar con este mecanismo responde a la firma de la ponencia de archivo de la reforma laboral por parte de ocho senadores de la Comisión Séptima, lo que impidió su debate y aprobación en el legislativo. Ante esta situación, el Ministro aseguró que la consulta popular permitirá que la ciudadanía participe directamente en la discusión sobre la reforma.
El Ministro afirmó que la consulta popular también se perfila como un eje clave en la estrategia política del Gobierno para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
«En marzo del 2026, el pueblo decidirá quiénes están con los trabajadores y quiénes no», declaró el Ministro, destacando que este mecanismo podría definir el futuro del proyecto político del oficialismo.
Consultado sobre si la consulta se convertirá en la bandera del Gobierno para los comicios, Benedetti respondió afirmativamente. Explicó que el Congreso ha cerrado las puertas a la discusión de la reforma laboral, lo que ha llevado al Ejecutivo a buscar nuevas estrategias para su aprobación.
Así mismo, el jefe de la Cartera indicó que la consulta popular no tiene reversa y que ya se han definido los primeros pasos para su implementación. El procedimiento inicia con la firma de todos los ministros, seguido del envío de la propuesta al Senado, que tendrá 30 días para votarla. Si es aprobada, el Presidente contará con un plazo de tres meses para convocar a elecciones mediante la Registraduría.
Benedetti señaló que la consulta no busca reemplazar la función del Congreso, sino fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. «Por encima del Congreso y del Ejecutivo está el pueblo y la participación ciudadana», afirmó, agregando que sectores como trabajadores, estudiantes e indígenas podrían movilizarse para respaldar la iniciativa.
El proceso enfrenta diversos retos. La Ley 134 de 1994 establece que las preguntas de una consulta popular deben ser claras y específicas, sin incluir proyectos de articulado, lo que obligaría al Gobierno a definir cuidadosamente su redacción para evitar objeciones legales.
Benedetti también reconoció la posibilidad de que la consulta no logre la aprobación en las urnas. Indicó que, según sus estimaciones, el Gobierno podría contar con aproximadamente 8 millones de votos de respaldo, aunque señaló que alcanzar los 13 millones de votos sería el objetivo.
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