Gobierno aclaró validez del encargo de Irene Vélez tras cuestionamientos por decreto de emergencia

En medio de la controversia generada por la firma del Decreto de Emergencia Económica y los cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos de sus firmantes, el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que aclaró la situación jurídica del encargo de Irene Vélez Torres como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e).

El pronunciamiento se da luego de que se difundieran versiones que ponían en duda la legalidad de la participación de Vélez Torres en la expedición del decreto, lo que llevó al Ejecutivo a precisar el marco normativo que respalda su actuación dentro del Consejo de Ministros.

Según el comunicado oficial, el Gobierno recordó que el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025, mediante el cual se dispuso el encargo interinstitucional de Irene Vélez Torres como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), “se encuentra vigente y surte plenos efectos jurídicos”, y aclaró que no existe “acto administrativo alguno que lo haya derogado, modificado o dejado sin efectos”.

En el documento también se hace referencia al régimen normativo que regula este tipo de encargos. De acuerdo con el Gobierno, el Decreto 1083 de 2015, que establece las disposiciones generales en materia de empleo público, no fija un término máximo para los encargos interinstitucionales. En ese sentido, se señala que el presidente de la República “no ha cambiado su decisión respecto al encargo efectuado a la ministra (e) Irene Vélez a través del Decreto 877 de 2025”.

Con base en estas consideraciones, el Ejecutivo sostuvo que, al momento de la expedición del Decreto de Emergencia Económica, Vélez Torres se encontraba habilitada para ejercer plenamente sus funciones. “De acuerdo con lo anterior, al momento de la expedición del Decreto de Emergencia Económica, la ministra (e) Irene Vélez Torres se encontraba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales propias de la cartera que dirige”, indica el comunicado.

La aclaración busca cerrar el debate jurídico y político que se abrió tras los señalamientos públicos sobre la validez de las decisiones adoptadas durante la emergencia económica, en particular frente a la composición del gabinete y la legalidad de las firmas que respaldaron el decreto.

El pronunciamiento oficial, fechado en Bogotá el 27 de enero de 2026, no hace referencia directa a personas o sectores que cuestionaron el encargo, pero responde a las “informaciones difundidas” sobre el papel de la ministra encargada, dejando constancia de que, para el Gobierno, no existe irregularidad administrativa ni vicio jurídico en su actuación.