La ocupación masiva de la Hacienda Santa Helena en Caucasia, Antioquia, ha desencadenado una disputa entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas.
La propiedad, que alberga a aproximadamente 5.000 familias, ha sido objeto de una tensión creciente. Daniel Rojas, director de la SAE, ha explicado que la decisión de no proceder con la recuperación del predio se debe a un respeto por las decisiones judiciales vigentes.
La reciente ocupación de la Hacienda Santa Helena, que comenzó desde el domingo de ramos, 24 de marzo, en el municipio de Caucasia, en Antioquia, ha resultado en una de las invasiones de tierra más significativas en el país.
Estas familias han convertido este lote de 378 hectáreas, equivalente a 530 canchas de fútbol del tamaño del Santiago Bernabéu o casi ocho veces la Ciudad del Vaticano, en su nuevo hogar, a pesar de las complicadas implicaciones legales y políticas.
Incluso el presidente Gustavo Petro tuvo que intervenir en el asunto, instruyendo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al alcalde de Caucasia para que negocien con los dueños de tierras y los latifundistas, con el fin de encontrar un arreglo habitacional para las familias involucradas. “alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solícito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas…” manifestó Petro, subrayando el deseo del Gobierno de comprar dichas tierras a un precio justo y utilizarlas para resolver la crisis habitacional.
Según Rojas, la propiedad está sujeta a una medida cautelar de extinción de dominio debido a su previa vinculación con Juan Gabriel Úsuga Noreña, un confeso exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos en 2001.
Rojas también señaló que el ámbito adecuado para dirimir la legalidad de la ocupación y la propiedad es el judicial, específicamente a través de la Fiscalía, y no mediante acciones directas de desalojo gestionadas por la Gobernación de Antioquia.
Por otro lado, el gobernador Rendón ha urgido a la SAE a tomar medidas para desalojar a los ocupantes y devolver el predio a su administración. Rendón ha calificado la decisión de la SAE como “una vergüenza” y “un pésimo antecedente para el país”.
La situación sigue en desarrollo y se espera que las autoridades pertinentes tomen medidas para resolver la disputa.
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