Generales en retiro advierten fallas críticas en la JEP y piden ajustes estructurales

El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional (CGREN) emitió el Comunicado No. 08 en el que expone una serie de preocupaciones sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a siete años de la implementación del Acuerdo de Paz. Según el pronunciamiento, aunque se reconocen avances en el esclarecimiento de patrones macrocriminales y en escenarios de verdad, persisten falencias que consideran críticas y que afectan las garantías procesales, especialmente para miembros de la Fuerza Pública.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra el uso de criterios subjetivos en la individualización de sanciones, la existencia de vacíos normativos en el trámite adversarial y la falta de uniformidad en las decisiones procesales. El CGREN también advierte un trato desigual frente a exintegrantes de las FARC y una exposición mediática de altos mandos militares que, a su juicio, debilita el principio de presunción de inocencia.

Dudas sobre macrocriminalidad y debido proceso

Uno de los puntos centrales del comunicado es la utilización de los patrones de macrocriminalidad no solo como herramienta investigativa, sino como base directa para imputaciones. Para los generales en retiro, esta práctica genera incertidumbre sobre la identificación precisa de las conductas atribuidas y limita el derecho de defensa y la contradicción probatoria.

Asimismo, señalan falencias en el procedimiento adversarial de la JEP. Aunque la Ley 1922 de 2018 remite a los parámetros de la Ley 906 de 2004, el Consejo afirma que el Tribunal para la Paz ha aplicado esquemas mixtos que carecen de técnica procesal, debilitando garantías fundamentales del juicio penal.

Trato a altos mandos y responsabilidad de mando

El comunicado también cuestiona la aplicación de criterios de responsabilidad basados en la jerarquía, sin pruebas claras de control efectivo sobre los hechos. Según el CGREN, esto desconoce estándares internacionales sobre responsabilidad de mando y genera una presunción de culpabilidad para oficiales de alto rango.

Otro aspecto señalado es la divulgación pública de imputaciones por parte de la JEP, lo que, en opinión del Consejo, proyecta una imagen de condena anticipada. A esto se suman inconsistencias probatorias y variaciones en las cifras de víctimas, que afectan la confianza institucional en el modelo de investigación.

Inseguridad jurídica y llamados a corrección

El Consejo de Generales también advierte un desconocimiento generalizado del funcionamiento de la JEP entre miembros de la Fuerza Pública, derivado de la complejidad normativa y la falta de pedagogía institucional. Esto, aseguran, ha llevado a que muchos comparecientes deban recurrir a acciones de tutela para obtener respuestas oportunas.

Finalmente, el CGREN identifica riesgos como el debilitamiento de la seguridad jurídica, la selectividad procesal y la percepción de persecución contra altos mandos militares. En sus conclusiones, hacen un llamado a reorientar de manera estructural la labor de la JEP, con respeto estricto a los principios constitucionales, uniformidad procesal e igualdad entre comparecientes, para que la justicia transicional fortalezca la legitimidad institucional y no profundice la polarización.