El general retirado Rodolfo Palomino López, exdirector de la Policía Nacional, fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) para cumplir la condena de siete años impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo corresponde al proceso en el que se le halló responsable del delito de tráfico de influencias, tras intervenir de manera irregular en un caso penal que involucraba al empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
La orden de reclusión fue expedida por el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera y dirigida al director de la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, ubicada dentro del CESPO. La decisión acogió la solicitud de la defensa de Palomino, que pidió su permanencia en un establecimiento policial debido a los riesgos que enfrentaría en un centro penitenciario ordinario, considerando su trayectoria como jefe de la institución.
El exdirector de la Policía se entregó voluntariamente la semana pasada en Bogotá para atender los requerimientos judiciales. En un comunicado, señaló que siempre ha acatado las decisiones de la justicia, aunque no las comparta, y que se presentó ante el CTI para continuar con el proceso.
La condena está relacionada con hechos ocurridos el 8 de febrero de 2014. Según el expediente, Palomino acudió al domicilio de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, en compañía del entonces director de la Dijín, mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta.
La Fiscalía determinó que su visita buscaba intervenir en el proceso contra Gallo Restrepo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos, y capturado por la presunta compra de predios despojados por el ‘clan Castaño’.
De acuerdo con la sentencia, Palomino enfatizó ante la fiscal la relevancia social del empresario y sus vínculos con figuras públicas, entre ellas el expresidente Andrés Pastrana. La funcionaria aseguró que no recibió una solicitud expresa de archivar el caso o suspender la captura, pero relató que la presencia del entonces director de la Policía generó un contexto de presión institucional.
La Corte consideró probado que dicha intervención afectó la independencia funcional de la fiscal y la llevó a dejar en libertad al procesado sin verificar plenamente la información suministrada.
El alto tribunal concluyó que el exdirector utilizó su cargo para influir en decisiones de la Fiscalía y obstruir un procedimiento de captura, lo que lesionó la confianza en la administración pública. Por ello, la Sala determinó que debía cumplirse la condena y ordenó su detención, pese a que un magistrado salvó voto al considerar que no había motivos suficientes para imponer la privación inmediata de la libertad mientras la sentencia no estuviera en firme.
Con su ingreso al CESPO, se inicia la ejecución de la pena en un proceso que cierra uno de los expedientes disciplinarios y penales más significativos que ha enfrentado un exdirector de la Policía Nacional ante la justicia ordinaria.
