(OPINIÓN) Los EE.UU. vs. Maduro & Petro, ni crisis diplomática ni conspiración: guerra frontal contra criminales de izquierda. Por: Francois Roger Cavard M

Cuando se enfrenta a la narcoterrorista izquierda transnacional y a sus infames cómplices que han usurpado los poderes públicos de naciones tercermundistas, subdesarrolladas e intencionalmente sumidas en la anarquía como las ahora colonias cubanas de Venezuela y de Colombia, ni se generan crisis diplomáticas ni se requiere de complots o de conspiraciones para derrotarles.

Bastará con enfrentar a estos aún impunes criminales de lesa humanidad y genocidas de manera decidida, comprometida y a muerte aplicándoles el peso de la Ley, la contundencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y la letalidad del poder militar.

Y esto justamente es lo que en buena hora se decidió a hacer el muy poderoso Estados Unidos de América bajo el segundo mandato del señor presidente Donald J. Trump.

Tanto el encomendero cubano en Venezuela Nicolás Maduro Moros como el convicto terrorista y usurpador de la presidencia de Colombia Petro Urrego se encuentran inmersos en unas muy turbulentas y letales aguas geopolíticas y penales en las que jamás habían tenido que nadar otros delirantes fratricidas declarados enemigos de los Estados Unidos de América.

A pesar de que las fuertes y poderosas corrientes de aún impunes violaciones a los derechos humanos fundamentales, de criminalidad, de ilegitimidad, de culpa, y de ilegalidad que ahogarán a este par de criminales náufragos del proyecto progresista global parecen diferentes, la verdad es que no difieren mucho en lo fundamental: ambos tienen cuentas pendientes con la justicia de los Estados Unidos de América, y los gringos han decidido cobrar lo que se les debe.

Aunque tanto Maduro Moros como Petro Urrego tienen radicados en su contra procesos, denuncias e investigaciones penales diferentes, ahora y gracias a su tan cacareada creación e implementación de las tres “zonas económicas binacionales” para el narcotráfico y para las demás actividades terroristas transnacionales que amenazan la seguridad del planeta, se han presentado a los ojos de los Estados Unidos de América y del resto del planeta como los cómplices que siempre han sido.

Nunca como ahora había quedado en evidencia cuanto dependen el uno del otro y de sus cómplices domésticos e internacionales globalistas, para la continuidad de su criminal, genocida, corrupto y destructivo proceder.

Pero mucho hay de los cuantiosos recursos que ha debido invertir los Estados Unidos de América investigando, consolidando los procesos judiciales, y ahora preparando los operativos militares necesarios para sentar en el banquillo de los acusados al asustado y atrincherado Maduro Moros, a lo que se requerirá para proceder conforme con su incondicional camarada aliado, el delirante, cobarde y muy expuesto Petro Urrego.  

Por consideraciones de espacio no entraré en detalles con respecto al tan público como sólido proceso penal que los Estados Unidos de América tiene abierto en contra de Maduro Moros y de sus más cercanos cómplices, expediente que ha motivado al despliegue militar en el Caribe para cercar, neutralizar y muy posiblemente capturar, inicialmente, a los cabecillas del denominado “Cartel de los Soles”.

Toda la información con respecto a como los Estados Unidos de América ya tiene en sus manos el futuro de Maduro Moros y de sus secuaces ha sido ampliamente difundida, en cambio poco se conoce acerca de la muy efectiva arma judicial que desde el mes de febrero de 2022 tiene en sus manos el gigante del norte para poder proceder de manera expedita y sin necesidad de despliegue militar alguno, en contra del aún impune criminal de lesa humanidad Petro Urrego.

Estoy convencido que los Estados Unidos de América podrá hacer esta carambola a tres bandas contra la izquierda criminal Iberoamericana, así como contra sus cómplices domésticos e internacionales globalistas, dándole primero a la bola Petro Urrego y después a la bola Maduro Moros. Me explico.

Empezaré por hacer una breve reseña acerca de la ilegalidad e ilegitimidad del cargo que actualmente ostenta Petro Urrego; lo anterior para hacer claridad con respecto a que los Estados Unidos de América no procederá penalmente contra un presidente en legítimo ejercicio de sus facultades, sino contra un criminal que ha usurpado tal cargo.

En 1985 el señor Gustavo Francisco Petro Urrego fue sentenciado por un Juez de Conocimiento a 18 meses de prisión por ser miembro de un ”grupo armado antisocial vinculado con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio colombiano”.

Al momento de su captura, este peligroso sujeto se encontraba en posesión de un arsenal de guerra. Luego de cumplir 15 de los 18 meses a los que fue sentenciado, fue liberado de prisión porque se le concedió la rebaja de pena por trabajo y por estudio. Es decir, el sujeto Petro Urrego tiene un antecedente penal por terrorismo.

En 1989 otro cómplice y genuflexo gobierno colombiano firma un supuesto “acuerdo de paz” con la derrotada banda narcoparamilitar de izquierda M-19, pandilla terrorista de la cual Petro Urrego es miembro activo y líder.

Mediante la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el Decreto Reglamentario 206 del 22 de enero de 1990, se estableció un procedimiento flagrantemente violatorio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para que a estos derrotados narcoparamilitares del M-19 se les pudiera conceder, de manera individual y previa solicitud escrita, el beneficio jurídico del indulto.

Luego de estudiar la Ley y el Decreto referidos líneas atrás, mediante una certificación que a mi nombre expidió el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, en marzo de 2018 descubrí que Petro Urrego no fue indultado porque no solicitó este beneficio legal, y por lo tanto no se le debieron haber suspendido los efectos jurídicos de su inocultable e irreparable antecedente penal por terrorismo.

Conforme a lo establecido por los Artículos 122, 179 y 197 de la aún vigente Constitución Política de Colombia, por tener este despreciable individuo un antecedente penal por terrorismo, desde 1987 ha estado, y lo estará por el resto de su vida, inhabilitado para ser funcionario público, para contratar con el Estado, y para postularse a cargos de elección popular.

A partir del mes de mayo y hasta el mes de octubre de 2018, radiqué cinco Acciones de Nulidad Electoral ante el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes que tenemos en Colombia. Todos estos recursos legales sólida y justificadamente invocados, fueron denegados en tiempo récord y en descarados pronunciamientos carentes de sustento legal.

Aunque el sesgo político de estas altas cortes era evidente y yo ya estaba realizando mis estudios e investigaciones para apelar a la justicia internacional mediante la JURISDICCIÓN UNIVERSAL, igual quise agotar el siguiente recurso judicial que me quedaba ante el sistema jurídico colombiano contra este criminal: presentar una Demanda de Pérdida de Investidura ante la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Sin que me sorprendiera y también en tiempo récord, este recurso fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia colombiana en un pronunciamiento que parecía escrito por los abogados de Petro Urrego.

Habiendo llegado entonces a la conclusión de que ningún recurso judicial sólidamente sustentado prosperaría contra este individuo ni contra sus criminales camaradas en Colombia, durante los siguientes años, y hasta enero de 2022, me dediqué a estudiar, a investigar, a leer y a redactar una Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol contra Petro Urrego dada su condición de aún impune criminal de guerra, aún impune genocida, aún impune criminal de lesa humanidad, y aún impune criminal responsable de cometer Infracciones Graves contra el  Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En la redacción de esta Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol contra Petro Urrego, tras incluir y describir de manera muy general tan solo cuarenta de las documentadas, probadas y aún impunes conductas criminales cometidas por este sujeto como miembro del M-19, abordé y mostré, cómo en cada una de estas aún impunes conductas criminales denunciadas, este peligroso sujeto violó de manera intencional, consciente, deliberada, y sistemática, todos y cada uno de los más de veinte instrumentos que durante el último siglo la humanidad ha proclamado en defensa de los Derechos Humanos.

¿Por qué estoy convencido que los Estados Unidos de América podrá hacer una carambola a tres bandas contra la izquierda criminal Iberoamericana y contra sus cómplices domésticos e internacionales dándole primero a la bola Petro Urrego y después a la bola Maduro Moros?

Porque como lo incluí en mi Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol, Petro Urrego es culpable de cometer cuatro crímenes federales contra tres ciudadanos norteamericanos, a saber secuestrar con fines extorsivos a los 3, y haber asesinado a uno de ellos.  

Con lo anterior presente, el martes 22 de febrero de 2022, invocando la JURISDICCIÓN UNIVERSAL, en calidad de denunciante y aunque me encontraba en la ciudad de Washington DC, debido a los protocolos que por COVID-19 estaban vigentes en los edificios federales, debí utilizar los servicios de mensajería certificada urbana de UPS para radicar ante el US Justice Department, Civil Rights Division – Criminal Section mi Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol en español contra el sujeto Gustavo Francisco Petro Urrego.

Posteriormente, el día miércoles 4 de mayo de 2022, estando nuevamente en Washington y nuevamente imposibilitado para radicarla personalmente debido a los protocolos COVID-19, envié por correo urbano certificado utilizando los servicios de FedEx, la misma Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol contra Petro Urrego a la sede del US Justice Department, Civil Rights Division – Criminal Section, pero esta vez envié la versión traducida al inglés.

Los nombres, así como los detalles de los aún impunes crímenes de lesa humanidad de secuestro y de asesinato cometidos contra tres víctimas norteamericanas que incluí en la referida Denuncia Penal Internacional (DPI) con solicitud de Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol contra Petro Urrego son los siguientes:

• El 4 de agosto de 1975 fue secuestrado el ciudadano norteamericano Donald Cooper, quien se desempeñaba en Colombia como Gerente General de Sears Roebuck. El señor Cooper, indefenso, inocente y desarmado miembro de la población civil extranjera quien no participaba en las hostilidades, fue tomado como rehén con fines extorsivos por el denunciado Petro Urrego y por sus camaradas de la derrotada pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19 durante 87 días. El denunciado Petro Urrego y sus camaradas del M-19 cobraron un rescate de más de 1 millón de dólares por liberar con vida al señor Cooper, dinero que estos narcoterroristas del M-19 utilizaron para financiar al partido político ANAPO (Alianza Nacional Popular), así como para comprar armas y fortalecer su infraestructura criminal.

Durante el tiempo que fue tenido como rehén, el señor Cooper fue sometido a toda clase de infamias, atrocidades, abusos, humillaciones y malos tratos.

A la par con esta tortura, el señor Cooper fue intencionalmente mantenido en las pésimas condiciones higiénicas y de salubridad que el denunciado Petro Urrego y sus compañeros narcoparamilitares del M-19 imponían intencionalmente a sus víctimas en las macabras “cárceles del pueblo” que diseñaron exclusivamente para mantener a sus rehenes.

• En la madrugada del 19 de enero de 1981, el señor Chester Allen Bitterman, misionero lingüista cristiano norteamericano, fue víctima de secuestro extorsivo y finalmente asesinado tras haber sido mantenido como rehén durante 48 agónicos días.

Luego de irrumpir violentamente en la sede del Instituto Lingüístico de Verano en Bogotá DC, un grupo de siete narcoparamilitares del M-19 que pretendían secuestrar al director de la filial Álvaro Wheeler, finalmente secuestraron al aprendiz de traductor Chester Allen Bitterman, indefenso, inocente y desarmado miembro de la población civil extranjera quien no participaba en las hostilidades y quien, desafortunadamente, era quien se encontraba en la sede en ese momento.

Según lo hicieron público Petro Urrego y sus camaradas del M-19, el criminal, demencial y extorsivo propósito de atacar la sede del Instituto Lingüístico de Verano, fue el de tomar como rehén al indefenso, inocente, y desarmado integrante de la población civil extranjera que no participó directamente en las hostilidades, para enviar un mensaje al mundo y al recién posesionado presidente de los Estados Unidos de América, el señor Ronald Reagan: el Instituto Lingüístico de Verano, una ONG de trabajo pastoral que enseñaba idiomas y evangelizaba comunidades indígenas de diferentes naciones alrededor del mundo, debía salir de Colombia en el plazo de 30 días, de lo contrario el ciudadano norteamericano sería asesinado.

Dado que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano accedieron a las pretensiones del denunciado Petro Urrego y de sus derrotados camaradas del M-19, luego de cuarenta y 48 días de secuestro y de ser mantenido como rehén en condiciones extremadamente humillantes y precarias, fue asesinado y el cuerpo sin vida de Chester Allen Bitterman fue encontrado en un bus de transporte público envuelto en una bandera del M-19.

• Diego Ascencio, Embajador acreditado de los Estados Unidos de América en Colombia, fue secuestrado junto a otras 56 personas (25 de las cuales eran personal diplomático extranjero). Su secuestro duró 61 días, iniciando el miércoles 27 de febrero de 1980 a las 12:15 del mediodía, y finalizando el día 25 de abril de 1980.

El secuestro masivo y extorsivo con fines mediáticos de esta persona internacionalmente protegida, así como el secuestro de un edificio internacionalmente protegido como la Embajada de la República Dominicana en Bogotá DC, capital de Colombia, duró 60 días.

El denunciado Petro Urrego y sus derrotados camaradas del M-19 exigieron para liberar con vida a todos sus rehenes, entre los cuales hubo menores de edad, que además de pagárseles 50 millones de dólares, también debían ser liberados 300 de sus camaradas narcoterroristas que se encontraban presos en cárceles colombianas.

Tal y como lo anticipé antes de referirme a los 3 ciudadanos norteamericanos víctimas de Petro Urrego,  conforme lo establece el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América en su 18 U.S.C. § 1201, todas las autoridades de los Estados Unidos de América, especialmente las judiciales, están en la obligación de investigar el secuestro de tres de sus ciudadanos y el asesinato de uno de ellos por cuanto se trata de crímenes federales.

El 18 U.S.C. § 1201 claramente establece que “quien ilegalmente capture, confine, engañe, secuestre, rapte o lleve y retenga a cualquier persona para pedir rescate o recompensa, (…) es culpable de secuestro y será castigado con prisión por cualquier período de años o cadena perpetua y, si el resultado es la muerte, con pena de muerte o cadena perpetua”.

Ante la pregunta que pueda surgir con respecto a por qué hasta ahora estas atrocidades, así como todas las demás cometidas por Petro Urrego y su degenerado M-19 contra ciudadanos de todo el planeta seguían impunes, la inobjetable respuesta es dolorosa y trágicamente sencilla: hasta febrero de 2022 nadie se había decidido a investigarlo, nadie lo había denunciado, y nadie había exigido se hiciera justicia y se castigase a los responsables, ni siquiera los representantes de las autoridades que han estado en la obligación de hacerlo.

Afortunadamente y gracias a la iniciativa de un ciudadano, el tiempo de la impunidad, de la complicidad y del silencio para con la criminal izquierda narcotraficante y progresista llegó a su fin.

Petro Urrego es una de las mayores y más grandes amenazas regionales que tienen Washington y todas las naciones civilizadas del planeta, por lo que es una muy buena noticia que poner fin y hacer pagar a tan asesina, destructiva y aún impune carrera criminal esté en manos de la Justicia de los Estados Unidos de América. Para el caso de este delirante criminal, no existe posibilidad alguna que por consideraciones políticas, ideológicas, geoestratégicas o de cualquier otra naturaleza “políticamente correcta”, se interfiera y evite que sean el Estado de Derecho, la aplicación de la Ley, la prevalencia de la verdad, y el peso de la justicia, los que prevalezcan… Y tanto este peligroso sujeto como sus degenerados cómplices lo saben, de ahí su atropellado y desesperado paroxismo por terminar de convertir a Colombia y consolidarla, lo más pronto posible, en otro centro criminal transnacional como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Cercar, sustraer, detener, enjuiciar y castigar al encomendero cubano en Venezuela Maduro Moros no podrá considerarse jamás una crisis diplomática por cuanto ni se trata de un gobernante legítimo, ni se está frente a un Estado de Derecho vigente.

Librar una Orden de Detención Internacional – Circular Roja de la Interpol contra el aún impune secuestrador y asesino de ciudadanos norteamericanos, usurpador de la Presidencia de Colombia, y cómplice del jefe del Cartel de los Soles Petro Urrego no es un complot ni una conspiración, es el obligatorio cumplimiento que de sus responsabilidades federales y constitucionales deben hacer las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América.

Para apresar a Maduro Moros se está requiriendo del costoso y riesgoso uso de la fuerza militar, en tanto que para arrestar a Petro Urrego tan solo se requiere de determinación y compromiso para con la prevalencia de la Ley, de la verdad y de la justicia…

Vamos, presidente Trump, hágalo, no dude. ¡Le he servido en bandeja de plata y sin costo para usted ni para su gente!