Fiscalía pondrá en revisión beneficios a negociadores de paz y evalúa reactivar captura de alias Calarcá

Tras una reunión entre la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño, se definió una metodología orientada a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener la suspensión de órdenes de captura contra delegados de grupos armados que participan en procesos de negociación con el Gobierno nacional.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el mecanismo contempla revisiones periódicas que se ajustarán a los acontecimientos y contarán con la participación de entidades relacionadas con la materia. El objetivo es evaluar de manera continua si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los beneficios judiciales en el marco de la política de paz total.

Dentro de este nuevo esquema, una de las primeras revisiones estará enfocada en el caso de Alexander Díaz Mendoza, quien actúa como representante del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la mesa de diálogos con el Ejecutivo.

Según lo indicado por el ente investigador, en los próximos días se analizará su situación en relación con el cumplimiento de los compromisos exigidos para conservar la suspensión de su orden de captura.

Durante el encuentro también se abordó la posibilidad de reactivar medidas judiciales en caso de que no se evidencien avances en el cumplimiento de dichos requisitos. La fiscal general señaló que, si no se adoptan decisiones por parte del Gobierno frente a ciertos casos, la Fiscalía podría proceder con la reactivación de órdenes de captura.

En relación con el caso de alias Calarcá, la Fiscalía mencionó la existencia de elementos en análisis que lo vincularían con conductas delictivas, entre ellas el homicidio de un líder social. Según lo expuesto, se cuenta con registros que darían cuenta de conversaciones en las que se habría impartido la orden para ejecutar ese hecho. Este material es actualmente examinado por la Unidad Especial de Investigación.

La fiscal Camargo indicó además que desde noviembre se han sostenido reuniones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el propósito de revisar el estado de las órdenes de captura suspendidas dentro de los procesos de negociación.

En estos espacios, la entidad ha planteado la necesidad de evaluar estos beneficios no solo en el caso mencionado, sino también frente a integrantes de otras estructuras, como el Frente 33, con presencia en la región del Catatumbo.

Según lo señalado por la Fiscalía, la solicitud formal para levantar la suspensión de las órdenes de captura corresponde al Gobierno nacional cuando no se evidencien condiciones que respalden la continuidad de los beneficios. En ese contexto, los hechos identificados han sido puestos en conocimiento del Ejecutivo para su valoración dentro del proceso.

El nuevo mecanismo de verificación se enmarca en las disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y en los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, y será aplicado a los delegados que participan en los espacios de diálogo actualmente en curso.